Santo Domingo.- La Procuraduría General investiga la autenticidad de la firma de Juana Domínguez en el acuerdo judicial que liberó al hombre que de forma presunta le cegó la vida esta semana en San Pedro de Macorís, al asegurar que cuenta con pruebas de que la rúbrica fue falsificada, tal como ocurrió con el caso de la asesinada Anibel González.
Mientras profundiza la averiguación, el Ministerio Público se apresta a solicitar este viernes prisión preventiva contra la suspendida fiscal que auspició ambos acuerdos irregulares.
Una nueva revelación se agrega a las similitudes entre los homicidios de Anibel González, a finales de agosto, y de Juan Domínguez, esta semana: En ambos casos las autoridades aseguran contar con elementos que prueban que la firma de las víctimas fueron falsificadas en los acuerdos judiciales que excarcelaron a sus respectivos victimarios.
Las autoridades insisten que ese tipo de acuerdos de pena abreviada no están permitidos cuando hubo tentativa de asesinato, como ocurrió en los casos de González y Domínguez.
La fiscalía se dispone a solicitar este viernes prisión preventiva contra Margarita Hernández Morales, directora de la unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, por su participación en ambos acuerdos.
Hernández será acusada por asociación de malhechores, corrupción y complicidad en falsificación.
La defensa de Hernández Morales, asegura que su cliente supuestamente puso en conocimiento de la Procuraduría General de los expedientes de Juana Domínguez y Anibel González, pero nunca recibió respuesta.
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