Los miembros de la Junta Central Electoral no contemplan renunciar ante las denuncias que cuestionan la transparencia de los resultados de las primarias del 6 de octubre por supuestamente haberse cometido un fraude para apuntalar un triunfo de Gonzalo Castillo como candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, mientras que ese organismo pidió pruebas que avalen esa acusación.
Así lo aseguró el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien calificó de calumnias las denuncias sobre supuestas irregularidades formuladas por el expresidente Leonel Fernández, además de negar que el incendio en el almacén de la institución fuera aprovechada para filtrar los equipos tecnológicos y cometer el fraude que se alega en las primarias del PLD.
Dijo que es falsa también la acusación de la supuesta interrupción en la transmisión de la data y el alegado comportamiento anormal en las mesas de la región sur, como argumenta el exmandatario Fernández en su actitud para alegar que hubo anomalías en el proceso del PLD para beneficiar a Gonzalo Castillo, postulado como precandidato por el grupo del presidente Danilo Medina.
“Es absolutamente falso de toda falsedad que eso haya servido como medida de distracción para que se robaran las llaves criptógrafas (llaves secretas o passwords)”, ya que las mismas “no existían el día 21 de julio”. Asimismo, indicó que esta afirmación se puede referir a que “es un error, una hipótesis o una patraña”, indicó.
Exigió pruebas sobre la situación que cuestiona la credibilidad de la JCE, tras precisar que los miembros titulares son los más interesados en el esclarecimiento de todo lo ocurrido y denunciado en torno a las primarias y los resultados que adversan las aspiraciones de Leonel Fernández.
Castaños Guzmán aclaró que el Pleno de la JCE había decidido realizar una auditoría forense a los equipos tecnológicos utilizados en las primarias del PLD y del Partido Revolucionario Moderno sin importar la manifestación que encabezó este lunes el expresidente Fernández junto a seguidores y altos dirigentes de la organización política.
“La JCE ha decidido hacer una auditoría forense y los términos en los que esa auditoría se va a hacer son públicos. Este asunto tiene que ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias”, aclaró Castaños Guzmán.
“La Junta no le está pidiendo favores a nadie, ha decidido contratar a una empresa de renombre internacional, con la finalidad especifica de los términos de referencia y del objeto de esa contratación”, manifestó Castaños Guzmán.
“Eso estaba predeterminado y decidido. Los términos técnicos, que son los términos en que ese trabajo se va hacer y esa contratación son públicos y nosotros somos los primeros interesados en que este asunto se esclarezca, la democracia lo necesita, el sistema de partidos, los usuarios, las actividades políticas de este país”, indicó.
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