La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Bancos Comerciales de la RepĆŗblica Dominicana, Inc. (ABA), y los representantes de las entidades financieras que operan en el paĆs para analizar temas relativos a la persecución y prevención de los delitos que afectan al sistema bancario dominicano.
Durante el encuentro las instituciones intercambiaron ideas para reforzar las estrategias respecto a la lucha contra delitos como falsificaciones, usurpación de identidad, obtención ilĆcita de fondos, delitos electrónicos y de alta tecnologĆa, entre otras infracciones que afectan a las instituciones crediticias y al sistema bancario del paĆs.
En la mesa de trabajo tambiĆ©n estuvieron presentes los procuradores fiscales de los departamentos de Falsificaciones, Propiedad Intelectual y Delitos de Alta TecnologĆa, quienes hablaron sobre la importancia del proceso de recolección de elementos de pruebas como aspecto contundente para poder obtener las sanciones correspondientes en este tipo de delitos.
“Estos encuentros tienen como propósito definir estrategias y formar equipos que permitan dar una mejor respuesta y hacer mĆ”s eficiente el servicio al usuario afectado con estos delitos”, seƱaló Ramos.
“En definitiva, no solamente se quiere capturar y someter a la acción de la justicia a las personas que son reclutadas para colaborar o ejecutar este tipo de violaciones a la ley, sino que tambiĆ©n se busca fortalecer el foco de acción en la persecución y desmantelamiento de las bandas criminales que gestan toda una serie de artimaƱas para llevar a cabo sus planes delictivos sin ser detectadas”, agregó.
Los miembros de ABA y los representantes de las entidades bancarias valoraron como muy positiva esta reunión, a la vez de comprometerse a trabajar mĆ”s de la mano con el Ministerio PĆŗblico, de modo que se fortalezca la lucha contra estos ilĆcitos, a fin de poner freno a estas estructuras criminales. 
Estas mesas de trabajo son parte del esfuerzo constante que se realiza desde el Ministerio Público del Distrito Nacional a fin de prevenir y sancionar los actos reñidos con la Ley que afectan a los ciudadanos de bien.
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