Las amenazas de colapso que se ciernen sobre la agenda política, con elecciones municipales, congresuales y presidenciales, han
llevado a numerosos juristas y políticos a posicionarse a favor de una urgente
modificación constitucional que ponga orden al frenético calendario electoral que aboca al país a un bloqueo institucional durante un periodo de entre diez y doce meses.
Los elevados costos de todos los procesos, el más que previsible escenario masivo de impugnaciones de resultados y los riesgos de violencia callejera son las principales razones, no las únicas, que ameritan una revisión de la agenda electoral.
El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, ha reclamado un Pacto Político y Social por la Estabilidad de la Constitución, la Unificación de las Elecciones de 2020 y el
Fortalecimiento Institucional.
Alerta que “el actual escenario de saturación electoral
absoluta, al más alto nivel de intensidad durante prácticamente un año, tendrá implicaciones perjudiciales de todo tipo, económicas y políticas, entre otras, que podría paliarse de manera considerable con la reunificación de las elecciones”.
De su lado, el jurista Nassef Perdomo Cordero, considera que la principal amenaza de este calendario es la insoportable tensión a la que se verá sometido el sistema de solución de conflictos electorales.
“El Tribunal Superior Electoral sufrirá tres tsunamis de quejas entre octubre y junio: el primero, sobre los resultados de las primarias; el segundo, por las elecciones de febrero y el tercero sobre las elecciones nacionales de mayo.
Siempre es posible que el sistema supere esta prueba de resistencia, pero es una
apuesta arriesgada. Lo mejor sería unificar las elecciones y no comprometer el éxito del
proceso electoral”, asegura.
En la misma línea se ha posicionado el abogado, José Martínez Hoepelman, que ha llamado al liderazgo político nacional y a todos los sectores del país a unificar las elecciones para evitar que, en menos de 90 días, se deban escoger 4,113 posiciones electivas, con el riesgo que entraña la aplicación de nuevas modalidades tecnológicas.
A
su entender, el elevado costo total de RD$ 10,000 millones es un gasto innecesario, excesivo y riesgoso que “podría, como históricamente ha ocurrido, sumir al país en la
violencia política, la incertidumbre de las campañas, la violencia física que ocurre históricamente, la impugnación masiva de resultados, como fruto de la crisis de confianza
institucional y lastimar de nuevo la marca país y la moral y reputación internacional, con
consecuencias funestas para la economía”.
Eddy Olivares, jurista constitucionalista y miembro titular de la JCE hasta 2016, asegura
que la concatenación de elecciones en pocos meses causa “una gran distorsión que hay que resolver” y explica que, por ejemplo, en los lugares donde las elecciones son
separadas con menos espacio de tiempo es por un año, por ejemplo en El Salvador.
Enfatiza que el costo económico tan elevado en elecciones separadas por un período de tres meses es algo que no tiene sentido “porque no aporta absolutamente nada ni a la democracia ni al proceso”.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, es partidario
de unificar los ciclos lectivos para dar un respiro a la JCE ante la inminente
implementación de las nuevas leyes electorales.
Entiende que la actual agenda evidenciaría la “falta de logística de la JCE, el eventual transfuguismo de quienes resulten vencidos por el estado de vulnerabilidad y desesperanza propio de los perdedores y la mercantilización de la política, haciendo más cara la democracia, todo ello sin contar el descrédito y la incertidumbre que traerían los consecuentes reclamos ante el Tribunal
Superior Electoral”.
Junto a las demandas de unificación de elecciones, otros sectores urgen también a introducir cambios constitucionales que favorezcan la independencia del sistema judicial.
Es el caso del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, que se ha sumado a las voces partidarias de reformar la Constitución para impedir la reelección presidencial y mejorar el sistema de justicia dominicana.
Abinader
quiere favorecer la despolitización del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), haciéndola menos dependiente del poder ejecutivo, para lo cual invita a todos los aspirantes a firmar un pacto de despolitización de la Justicia.
En el mismo sentido se ha posicionado también el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel. Surun Hernández, que propone
aprovechar los cambios en la Carta Magna para modificar la actual composición del CNM
y dotar a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría de mayores niveles de independencia.
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