El Congreso de Costa Rica busca
avanzar hacia la polémica regulación de las plataformas digitales como Uber y
Airbnb, en medio de presiones de diversos sectores y críticas de las empresas
involucradas.
En un país de 5 millones de
habitantes donde el turismo es uno de los motores de la economía, el sector
hotelero se ha venido quejando los últimos meses de lo que consideran una
competencia desleal de Airbnb, mientras que los taxistas cada cierto tiempo se
manifiestan contra Uber y hasta han llegado a exigir el bloqueo de la
aplicación.
En el otro lado de la acera, las
plataformas afirman que son una fuente de ingresos y de empleo para un país en
el que el desempleo se ubica en el 11,9 % y en el que el crecimiento económico
será de apenas un 2,2 % en 2019.
- La polémica ley sobre
plataformas de hospedaje
Recientemente el congreso
costarricense aprobó una ley, que aún debe ser firmada por el presidente Carlos
Alvarado, que establece la regulación para las plataformas de hospedaje, de las
cuales la más reconocida es Airbnb.
La ley obliga a quienes ofrezcan
hospedajes a inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo, a pagar el
impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos municipales para obtener una
patente de funcionamiento.
Datos de Airbnb indican que en
2018, los anfitriones costarricenses recibieron a unos 524.000 huéspedes, lo
que “contribuyó significativamente a la economía local”.
“La Ley marco para la
regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de
plataformas digitales, en su versión actual, afectará este componente próspero
de la economía turística de Costa Rica, que crea oportunidades en las comunidades
costeras y las zonas rurales de todo el país”, afirmó la compañía en un
comunicado.
La compañía se mostró anuente a
colaborar con las autoridades en redactar el reglamento de la ley, con el fin
de que se trate de una “regulación justa y razonable”.
La Cámara Costarricense Hoteles y
el Instituto Costarricense de Turismo han expresado su apoyo a la nueva
legislación.
La ministra de Turismo, María
Amalia Revelo, aseguró que la ley permitirá una “competencia más igualitaria en
el sector” y que se trata de un “paso vanguardista para garantizar mayor
protección al turista”.
Según datos del ICT, de los 3
millones de turistas que Costa Rica recibe cada año, el 9,2 % se hospedó en
sitios de “economía colaborativa” como los que se encuentran a través de
Airbnb.
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