El pastor evangélico y candidato presidencial del partido Nueva Generación de Servidores, ingeniero Carlos Peña, afirmó que además de aberrante y contraria a las buenas costumbres, la orden departamental del Ministerio de Educación que establece la equidad de género viola la Constitución de la República.
Aseguró que esa ordenanza no es obra del Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, sino que es obra del presidente Danilo Medina y de su gobierno, que según él están comprometidos con el aborto y con una agenda LGBT que le han impuesto organismos internacionales.
Entrevistado por los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario en el programa Tres a la Semana, que se difunde por Cinevisión, Canal 19, Carlos Peña manifestó que tanto Medina como el gobierno que encabeza están comprometidos con la ideología de género.
Manifestó que fue éste quien envió una propuesta al Congreso Nacional para que en el Código Penal que se discute sea introducido el tema del aborto.
Manifestó que como ocurrió con la introducción del aborto en sus tres causales, el presidente Medina fue quien ordenó la Orden Departamental 33-19 de Educación para imponer la ideología de género.
Indicó que el espíritu de esa ordenanza está contenido en su artículo Uno, Literal D, que dispone que el propósito es “establecer políticas públicas que vengan a des construir los estereotipos de género que conocemos los dominicanos”, que nos define como miembros del género humano con sexo masculino y femenino. 
Según Carlos Peña, la Constitución de la República y otras leyes adjetivas establecen la igualdad entre hombres y mujeres y disponen que todos tienen derecho a una educación de calidad.
Indicó que el tema de la igualdad de derechos entre hombre y mujer no está en discusión y lo que tiene que hacer el gobierno es encaminar políticas públicas para que eso se materialice.
Afirmó que la ordenanza es contraria a la Constitución en su artículo 63, que establece que es prerrogativa exclusiva de las familias y de los padres el definir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Estimó que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, está definiendo el tipo de educación que recibirán los niños y niñas en las escuelas, quitándoles ese derecho a los padres y madres.
Consideró que de mantener esa ordenanza, el gobierno dominicano se hace pasible a ser demandado en cortes internacionales por violar ese derecho de familia.
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