El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como justa la sentencia de 30 y 20 años de prisión dictada en contra de los seis acusados del horrendo asesinato del periodista Blas Olivo, ocurrido en el mes de abril del año 2015, y afirmó que es una muestra más del compromiso que han asumido en la lucha contra el crimen.
Luego de un intenso proceso judicial de más de cuatro años, durante el cual el Ministerio Público mantuvo firme su compromiso y voluntad de procurar justicia por el asesinato del periodista Blas Olivo, el Tribunal Colegiado de Monseñor Nouel condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a José Radhamés Lorenzo, mientras que a 20 años de reclusión a Joel Peña Rodríguez, Iván Eliceo de León Ramón, José Manuel Vargas Rodríguez, Draily Francisco Vásquez y a Wilmer de Jesús Camacho.
El grupo, que cumple prisión en diferentes centros penitenciarios del país, fue hallado culpable de incurrir en asociación de malhechores, homicidio voluntario, robo agravado, crimen seguido de otro crimen y porte y tenencia ilegal de armas, que son sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia Ilegal de Armas.
Al valorar la sentencia, el magistrado Rodríguez destacó su relevancia en el combate de la criminalidad, “ya que se logró que todos los encartados fueran condenados de manera ejemplar como demandaba el país”.
“Tal y como prometimos, hemos procurado y hemos logrado justicia ante este vil y cruel asesinato que causó gran conmoción y dolor a todos los dominicanos al enterarnos de la lamentable tragedia”, manifestó, tras afirmar que este es el resultado del arduo trabajo que llevan a cabo para eficientizar y modernizar al Ministerio Público.
Destacó que con la obtención de esta sentencia cumplen la promesa hecha a familiares de la víctima y a miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, durante un encuentro que sostuvieron en la Procuraduría General de la República, donde le prometió que harían todo lo necesario para que este grave hecho no quedara impune y que cada acusado fuera sancionado con todo el rigor de la ley.
Resaltó que al asumir sus funciones en agosto de 2016 y obtener información sobre el caso, instruyó realizar las diligencias pertinentes para agilizar el proceso judicial que se encontraba estacando en los tribunales debido a las tácticas dilatorias utilizadas por los encartados para retardar el proceso.
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