El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Manuel Ortiz Tejada, denunció que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) adeuda más de cinco mil millones de pesos a los suplidores del Desayuno Escolar que se sirve en las escuelas de Jornada Escolar Extendida.
El dirigente comercial y empresarial afirmó que esa deuda tiene al borde del colapso a los suplidores de alimentos para estudiantes de Jornada Extendida y también dificulta las operaciones de las empresas y comercios que a su vez los surten de los productos para su preparación.
“Qué sucede con eso? Que los proveedores de los proveedores del Desayuno Escolar tienen problemas, porque esa micro y pequeña empresa no les pueden pagar”, razonó el presidente de FENACERD al ser entrevistado por los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario en el programa “Tres a la Semana”, que se difunde por Cinevisión, Canal 19.
Ortiz Tejada puntualizó que a los comerciantes les interesa que se apruebe un aumento salarial a los trabajadores porque circularía más dinero y se incrementarían las ventas.
Manifestó que si se aprueba un aumento salarial sin que antes se haga una reclasificación de las empresas, unas 300 mil micro, pequeñas y medianas empresas correrían el riesgo de desaparecer, porque no tendrían capacidad para disponer esos incrementos, a lo que se suma los problemas que enfrentan por la falta de circulante y otros problemas propios de los negocios de esa naturaleza.
Indicó que un reajuste salarial, unido a los problemas que enfrenta el sector por la falta de un mecanismo de pago simplificado tributario sería fatal para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Nosotros no estamos negados a aumentar.
"Queremos que eso se mantengan y se escriba, no que estamos negados a aumentar el salario. Sin embargo, en nuestro país existen leyes que se discutieron y se aprobaron”, dijo.
Indicó que a nivel internacional se hizo una reclasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, que estableció los parámetros sobre los cuales se miden estas, “pero nuestros amigos sindicalistas quieren desconocer la ley y quieren como dar la galleta y después hablamos, que sería como decir auméntame el salario y después hablamos”.
Sostuvo que no se puede pensar que una empresa que cuente con un capital y en muebles equivalentes a cuatro millones de pesos sea clasificada como una empresa grande. Afirmó que la el sector laboral pretende que las empresas sean clasificadas en base a los parámetros que existían en 1992.
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