El proyecto de ley HB-527 exige a las agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la Ley que cooperen con el ICE entregando los inmigrantes indocumentados al gobierno federal.
Asimismo, la nueva Ley exige “la derogación de políticas santuario” y prohíbe a funcionarios electos aprobar políticas de refugio que impidan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Ante la situación, la “Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU)” advierte a inmigrantes “no viajar al estado de la Florida” tras la aprobación de la ley, “porque con la misma acaba la capacidad de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus residentes”.
“También pondría a los inmigrantes en riesgo de violencia, lo que podría obligar a las víctimas y testigos a permanecer en silencio por temor a la deportación”, concluyó ACLU.
En dicho estado residen actualmente más de cinco millones de hispanos, entre ellos decenas de miles de dominicanos con estatus legal y pocos de manera irregular.
En 2016, los hispanos representaban el 17.6 % de la población en EE.UU, segundo grupo étnico por detrás de los blancos (61.5 %) y por delante de los afroamericanos (12.3 %) y los asiáticos (5.3 %).
Según el Centro de Estudios Pew, basado en las últimas estimaciones del Censo, la presencia de hispanos en territorio estadounidense ha ido aumentando drásticamente, ya que en el año 1990 eran 22.6 millones; en el 2000 la cantidad 35.7 millones; en el 2010 la suma de 50.8; y en el 2016 eran 57.5 millones.
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