Durante una rueda de prensa en el área intervenida de Santo Domingo Este, el colectivo presentó la posición oficial de algunas instituciones que fueron consultadas, sobre un supuesto estudio de impacto ambiental que suministró Obras Públicas vencido el plazo que le había permitido tres veces el Tribunal Superior Administrativo.
Una de las instituciones consultadas fue la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la cual explicó: “La ACRD deja muy claro, que no procede evaluar este Estudio de Impacto Ambiental (EIA), independientemente de diversos vacíos y falencias que tiene, ya que los objetivos del Parque y el procedimiento irregular seguido para obtener una no objeción (figura que no existe en el proceso de gestión ambiental), lo invalida”.
También la Academia indicó que mantiene taxativamente su posición de que: “El proyecto de una terminal de autobuses interurbana no es compatible ambiental ni social ni legalmente con el sitio escogido por las autoridades”, por lo que el Comité solicita que sea reestructurada el área de parqueos.
De igual modo, se solicitó la opinión de la Sociedad Dominicana de Geología (Sodogeo), la cual comunicó que sobre EIA era necesario un estudio más riguroso y se requieren, para su validación, la intervención de diversos profesionales.
“Tenemos el convencimiento, con relación a los estudios ambientales, de que estos requieren para su confección un equipo multidisciplinario y sistemático de expertos, que provean suficientes ideas que sirvan a las autoridades competentes para evaluar la validez y solvencia de dicho proyecto”, comunicó Sodogeo.
De cinco instituciones civiles y estatales contactadas formalmente para establecer su posición sobre la colocación de la terminal de autobuses en el parque, y el EIA presentado por Obras Públicas, quedan pendiente: El Servicio Geológico Nacional y el INDRHI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. La otra institución contactada fue la Comisión Medioambiental de la UASD, la cual mantuvo su posición de que no es factible dicha terminal en ese espacio.
El pasado mes de septiembre el Tribunal Superior Administrativo ordenó suspender la construcción de una terminal de autobuses por parte del Ministerio de Obras Públicas porque se inició la obra en franca violación a las leyes 176-07 de los ayuntamientos y la 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales.
El TSA ratificó que la Ley 176-06, en su artículo 199, establece que el permiso de uso de suelo solo puede ser otorgado por el Concejo de Regidores del municipio Santo Domingo Este, y en virtud de esa ley el Concejo resolutó la paralización total e inmediata de los trabajos y la rehabilitación del área; sin embargo, el alcalde Alfredo Martínez y los regidores otorgaron pese a esto un permiso donde se autoriza dicho permiso aun siendo ilegal.
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