La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional de Panamá (AN, Parlamento) por la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, quien invitó a los parlamentarios a “preservar los intereses de las víctimas y familiares afectados”, brindándole su respaldo a este proyecto de Ley.
“Los invito a considerar este importante proyecto para cumplir con el mandato legal, lo que nos permitirá preservar los intereses de la mayoría de las víctimas y sus familiares”, dijo Chinchilla ante el pleno legislativo.
El proyecto eleva la pensión vitalicia especial para este grupo en 200 dólares, la cual quedaría en 800 dólares mensuales, de ser aprobado como Ley de la República.
La ministra explicó a los diputados que los técnicos de las dirección de Presupuesto de la Nación y Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas realizaron las consultas de acuerdo con las posibilidades presupuestarias para el tema, dando como resultado la propuesta de aumento de 200 dólares mensuales.
Previamente, el Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida de los afectados por el tóxico, y el Ejecutivo efectuaron la revisión de la pensión vitalicia mensual actual, e instalaron la Comisióón Evaluadora de Salud para determinar los derechos de los afectados que no fueron acreditados.
La pensión vitalicia de las víctimas por el envenenamiento asciende en la actualidad a 600 dólares mensuales.
Según el artículo 6 de la Ley 20 de 26 de marzo de 2013, por la que se creó la pensión vitalicia especial, establece que cada dos años se realizará la revisión de dicho estipendio.
En 2003, la Caja del Seguro Social (CSS) panameña compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, el seguro social elaboró un jarabe para la gripe que resultó no ser apto para el consumo humano.
La supuesta glicerina resultó al final que contenía el tóxico dietilenglicol.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del “jarabe de la muerte”, pero no fue hasta 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.
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