El alto tribunal, con mayoría conservadora, optó así por dejar en vigor el fallo emitido el pasado marzo por el juez de California Gonzalo Curiel, a quien Trump criticó por sus orígenes mexicanos durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.
Ese fallo permitía a Trump usar una ley de 2006, firmada por el entonces presidente George W. Bush, para suspender una serie de normas ambientales y acelerar la construcción del muro.
Los grupos ecologistas y el estado de California, que también ha participado en el litigio, consideran que la regulación de 2006 no es válida porque fue aprobada por el Congreso hace más de una década.
La demanda se remonta a la orden ejecutiva que firmó Trump poco después de llegar al poder, el 25 de enero de 2017, y en la que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, en inglés) a construir el muro.
Siguiendo esa orden, en agosto, ese departamento emitió una serie de directivas para suspender la aplicación de las leyes medioambientales y construir 13 millas (22 kilómetros y medio) de valla cerca de San Diego, en California, y otros 60 millas (96 kilómetros y medio) cerca del valle del Río Bravo, en Texas.
El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones demandantes, identificó en un estudio 90 especies amenazadas o en peligro de extinción que podrían desaparecer si finalmente se lleva a cabo la construcción del muro en las 1,976 millas (3,180 kilómetros) de frontera que separan a este país de México.
Trump amenazó hace dos semanas con un cierre administrativo si no se consiguen los fondos para construir el muro en la frontera con México: “Este sería un muy buen momento”, dijo.
“Estamos hablando sobre el muro de la frontera, estamos hablando de una gran suma de dinero, unos $5,000 millones”, indicó el mandatario entonces.
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