Santo Domingo.- La Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), afirmó este jueves que todos los ciudadanos, sin importar que sean dominicanos o extranjeros, tienen el mismo derecho a transportarse de manera segura y sin discriminación.
Franchesca De los Santos, explicó que tanto en la Constitución de la República como en otras leyes y normas está establecido el libre tránsito, por lo que constituye una violación a ese mandato constitucional negarle el servicio de transporte a las personas.
Las declaraciones de la Directora Ejecutiva del INTRANT, surgen a raíz de lo expuesto por el Presidente de la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA), Antonio Marte, ordenando a los choferes de sus autobuses no transportar ciudadanos haitianos.
Manifestó además que el gobierno jamás permitirá una acción similar, esa no es ni ha sido política de este gobierno. República Dominicana es un país libre y democrático, en el que todos los ciudadanos pueden moverse y transportarse libremente y nadie puede coartarle ese derecho”.
La Ley 63-17 en su el Artículo No.56 establece que “el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser prestado sin discriminación a las personas que lo requieran”.
Recordó que la Ley faculta al INTRANT a establecer las sanciones administrativas correspondientes a los operadores, ante la violación de cualquiera de sus artículos.
Claudia De Los Santos, manifestó además, que el INTRANT adoptará todas las medidas que sean necesarias para prevenir y combatir la discriminación que ocurra en el sector transporte, ya que éste es un servicio público que el Estado ha concesionado a particulares, el cual debe ser ofertado a la ciudadanía sin discriminación por razones de ningún tipo, pues de lo contrario, dichas concesiones pudieran ser revocadas y reasignadas a otras empresas que no incurran en prácticas prohibidas por la Constitución y las leyes.
La funcionaria afirmó que la política nacional de transporte terrestre que está implementando esa institución atiende las garantías de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas, no solo en su calidad de conductores, sino también de pasajeros, en todos los ámbitos regulados por la Ley 63-17.
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