Santo Domingo.- Las estadísticas del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) revelan que en el 2017, el 30.7% de las mujeres asesinadas tenían un nivel académico o eran empleadas privadas. A esto se suma que un 17.1% eran amas de casa.
El 18.8% de las víctimas de feminicidio eran estudiantes de nivel inicial, básico, secundario y universitarias que cursaban carreras como educación, derecho y enfermería (22 mujeres y niñas). Asimismo, las empleadas de empresas privadas fueron el 11.9 % (14 víctimas). En tanto, las amas de casa representaron el 17.1 % (20 casos).
De acuerdo a la investigación de la OPD-FUNGLODE durante el 2016, las estudiantes y amas de casa estuvieron entres las principales víctimas de feminicidios.
“Las enfermeras y estudiantes de enfermería representado el 5.1 % (6 víctimas); las empleadas de instituciones públicas, el 2.6 % (3) y finalmente: una administradora, una contable, una estilista, una comerciante y dos profesoras totalizan 6 casos, para el 5.1%.”, se desprende del estudio.
En 2017, unos 106 hombres fueron responsables de la muerte de 113 mujeres y niñas en República Dominicana.
Según el informe, de las 113 feminicidios, el 14% ocurrieron a manos miembros de una institución castrense: Ejército, Marina de Guerra, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea de la República Dominicana y Policía Nacional o miembros de instituciones de seguridad. En el 92 % de los casos utilizaron las armas de fuego asignadas.
En tercer lugar se colocaron los agricultores, comerciantes y abogados, con 10 casos (8.8 %), seguidos por los empleados del transporte y los de empresas privadas, con ocho respectivamente.
“También con ocho la categoría que agrupa a los feminicidas que se desempeñaban como carniceros, fruteros, hechiceros, electricistas y mecánicos para asumir el 7.1% cada uno. El quinto lugar lo ocuparon los feminicidas que, al momento de cometer el hecho, eran estudiantes, con tres (2.6%) y finalmente los que se dedicaban a la seguridad privada, con dos (1.8 %). En el 55.7% de los casos, el dato sobre la ocupación laboral del victimario no se registró (56)”.
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