Para Tonty Rutinel, Francisco Férnandez, Ruddy González, Melania Salvador, Guido Gómez Mazara y Andrés Henríquez, el hecho de que el proceso de selección inicial de los actuales componentes del Tribunal Constitucional expresara una voluntad política donde el reparto partidario se combinó con capaces profesionales del derecho, caracterizó un lamentable trastorno de sentencias donde el interés político se impuso sobre lo jurídico.
Señalaron que el hecho de que integrantes del TC actúen marcados por la agenda del partido que los condujo a un asiento en ese alto tribunal revela que, si no radiamos el sentido de representación de cuotas, estaríamos impidiendo que la sociedad puede reconstruir su esperanza y fe en un sistema judicial donde todos pueden ser evaluados, pero al no hacerlo con los miembros del constitucional, se estaría creando un estado de excepción perjudicial para el verdadero proceso de institucionalidad democrática del país.
Para los miembros de la corriente Por El Rescate del PRD, la posibilidad de una evaluación a los jueces constitucionales provoca un mayor control y efectividad en el desempeño de sus funciones donde su rendimiento, apego a valores éticos y desempeño honorable, garantizarían una apropiada conducta en muchos que, al no existir mecanismos de fiscalización a su labor de juez, se sienten con licencias ilimitadas en capacidad de colocarlos como material de escándalos y/o procesos penales ante un ejercicio descontrolado provocado por la no existencia de un reglamento que pase balance a sus ejecutorias.
Los dirigentes del PRD señalaron que el CNM está en el deber de afinar las vías procedimentales, llamadas a superar el marco reglamentario que desde el año 2011 existe porque han sido muchos los desafíos, errores por superar, una nueva ambientación institucional y el interés ciudadano de que los procesos administrados en el Tribunal Constitucional no respondan al criterio politiquero de dirigentes que tienen en dicho órgano su tabla de salvación.
Finalmente, reiteraron su compromiso de luchar en el escenario institucional por un verdadero proceso de adecentamiento de la vida democrática que no puede ser posible, si un tribunal de la importancia del constitucional, sigue manteniendo un nivel de blindaje reglamentario sin posibilidad de evaluar a sus integrantes en su desempeño.
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