El ingeniero Antonio Almonte, experto en asuntos energéticos, reclamó del Ministerio Público iniciar una investigación penal contra los implicados en la licitación para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina y la adjudicación del contrato a la empresa brasileña Odebrecht, por considerar que hubo irregularidades y pago de sobornos.
El director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se refirió a la carta dada a conocer por Angel Rondón en esta semana en que Marcos Vasconcelos Cruz, exgerente de Odebrecht en República Dominicana, cuando se firmó el contrato para la construcción de las plantas de Punta Catalina, asegura haberle pagado 20 millones de dólares para la gestión del contrato del proyecto.
Durante su participación en el programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero, consideró que además de investigarse a Rondón, el Ministerio Público debe emprender la investigación sobre el comité de licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por incluir en ésta a una compañía virtual no contemplada en las bases.
El ex director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo fue esta empresa virtual la puerta a través de la cual entró la sobrevaluación inicial de alrededor de 400 millones de dólares para la construcción del proyecto energético que se levanta en Baní, provincia Peravia.
Criticó que la comisión que designó el presidente Danilo Medina, la CDEEE, ni los que se han referido al tema, hayan hecho la revisión de la metodología aplicada para la adjudicación por mil 940 millones de dólares por las compañías económicas evaluadoras del contrato para construir a Punta Catalina.
Para la investigación sugerida, consideró que el Ministerio Público debería valerse de un equipo de peritos técnicos independientes, ingenieros y economistas que hagan una evaluación del proceso de evaluación realizado por las firmas PNB Paribas, la Fundación Economía y Desarrollo y Delloitte Dominicana.
Agregó que esa investigación debería incluir al Consejo de Administración de la CDEEE, por la inclusión como válido de un licitante virtual, teórico, no existente, que simula un licitante similar en Estados Unidos de construcción de dos plantas similares.
Almonte manifestó que no hay ningún documento que diga porqué y cuál era la sustentación técnica y económica para aceptar un licitante virtual para una obra que tendría un costo de casi 2 mil millones de dólares.
Ante las declaraciones del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de que espera el informe de la Cámara de Cuentas, sostuvo que una firma de peritos, ingenieros y economistas independientes, que sepan de cálculos de costos de plantas eléctricas, podría rendirle un informe en poco tiempo y descubrir dónde estuvo el “truco de la sobrevaluación”.
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