PUERTO PLATA.- El procurador general de la República, Jean
Rodríguez, dirigió este fin de semana un amplio operativo en las localidades de
Sosúa y Cabarete, que incluyó diez allanamientos a centros vinculados al
proxenetismo.
En ese sentido, se informó que es una labor conjunta de la
Procuraduría Especializada Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata
en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad
Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y
miembros del Ejército de la República Dominicana.
Se realizaron allanamientos simultáneos a los centros con
indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual cerraron dos
centros de significativa práctica de proxenetismo además de rescatar 70 mujeres
dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos propietarios de
dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las próximas horas a la
acción de la justicia.
Al ofrecer los detalles de la operación mediante un
comunicado de prensa, detalló que los negocios clausurados son Restaurante Bar
Pica Flor y Bar Restaurante Barrio Latino, localizados en los municipios de
Sosúa y Cabarete de esta provincia, propiedad de la pareja arrestada, Elvis
Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez.
La institución detalló que los operativos fueron realizados
de forma sorpresa y simultánea, atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas
directamente al procurador Jean Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha
desarrollado a nivel nacional y múltiples denuncias, donde los ciudadanos han
identificado el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas dentro de
los delitos que más les afectan.
“Esta problemática social del proxenetismo que afecta a la
comunidad de Puerto Plata, constituye un tema de gran preocupación para toda la
sociedad y para nosotros como autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se
vuelven vulnerables ante personas desaprensivas que se lucran explotando
nuestra gente, afectando la integridad de las víctimas y la imagen de la
provincia y el país, así como sectores tan importantes como el turismo, por lo
que hemos declarado tolerancia cero contra ese delito y hemos instruido a los
fiscales que actúen con toda la drasticidad que permitan las leyes en estos
casos”, manifestó.
La institución destacó que la acción se enmarca dentro del
plan trazado por el procurador Jean Rodríguez para combatir con acciones
puntuales esos graves delitos de la criminalidad organizada, destacando que la
presente gestión ha puesto especial atención a este tema, dando instrucciones
precisas al Ministerio Público de todo el país para reforzar las labores de
prevención y persecución de esos delitos y que sean sometidos a la justicia,
todos los implicados.
Respecto a la pareja apresada, el Ministerio Público informó que tienen
amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación
e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y que solicitará en
el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de prisión preventiva como
medidas de coerción.
Estará acusada, la pareja, por la presunta violación de los
artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano,
modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de
la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Detalló que durante los operativos además fueron apresados
para fines de investigación varios empleados adicionales que se encontraban en
los establecimientos allanados.
Con relación al imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que
su apresamiento se produjo durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica
Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los
Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Durante el allanamiento, además del arresto de Henríquez
Beatón, fueron rescatadas 70 mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo
agravado, tres vehículos, un arma de fuego,
la suma aproximada de RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61
dólares americanos, varios equipos electrónicos, además de facturas del cobro
de las salidas de las jóvenes.
En tanto que Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un
allanamiento a una villa donde reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el
cual se llevó a cabo mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378,
emitida por dicho juzgado, incautándose también en dicho lugar la suma
aproximada de RD$327,800.00 pesos y alrededor de US$13,948 dólares
estadounidenses, entre otras evidencias relacionadas al caso.
De igual manera, en el Bar Restaurante Barrio Latino, allanado mediante la orden
judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas motocicletas y documentos
referentes a una empresa de rentar vehículos vinculada a caso.
Estrategias institucionales coordinadas contra los delitos
La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría
General de la República explicó que los integrantes de las referidas
instituciones allanaron varios negocios en la zona tras obtener información
durante el proceso de investigación de que presuntamente en dichos centros se
estaban dedicando a la trata de personas y al proxenetismo.
Durante las pesquisas, señala el órgano investigativo,
fueron recolectadas diferentes pruebas que permitieron confirmar los graves
hechos denunciados y que dieron al traste con la clausura de los negocios y el
apresamiento de sus propietarios.
Las autoridades precisaron que parte de las víctimas, cuyos
nombres se omiten para proteger sus identidades, fueron llevadas a un centro de
protección habilitado para esos fines, con el objetivo de ofrecerle las
atenciones necesarias y salvaguardar su integridad física.
En torno a las acciones contra esas problemáticas,
advirtieron que habrá un plan de seguimiento y monitoreo conjunto que lo
desarrollará el Ministerio Público, CESTUR y otras instituciones, para prevenir
y contrarrestar la trata de personas y el proxenetismo, incluyendo al Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), para supervisar y evitar que
menores de edad participen en esos actos.

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