Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación frente al procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General de la República y que ha sido denunciado por diversos sectores como una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a varios fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del ministerio público y a los intereses partidarios del partido de turno.El artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de Procurador Fiscal Titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”.
El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya les queda menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido.
Participación Ciudadana siempre ha abogado por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y la selección de funcionarios mediante concursos. Pero aquí hay varias violaciones que no pueden pasarse por alto.
La primera es la omisión de las evaluaciones que establece la Ley; la segunda corresponde a la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la tercera concierne al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.
"No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones a la Ley. Independientemente de las mismas, las autoridades judiciales están obligadas a cumplir y dar ejemplo de transparencia y justicia, dos cualidades que no están presentes en este proceso", precisó.
PC hizo un llamado al procurador Jean Alain Rodríguez para que corrija las violaciones y falta de transparencia y equidad en este proceso en vista de que " Su obligación como funcionario público es fortalecer el sistema de justicia. Lamentablemente, sus actuaciones en el puesto han sido merecedoras de muchos cuestionamientos, especialmente por la inercia y la parcialidad en el combate a la corrupción".
Participación dice que la opinión pública ya ha levantado su voz de alerta en este caso y que "el Gobierno Dominicano y su Procurador General están en el deber de despejar las sospechas de que se trata de una maniobra más para blindar a funcionarios corruptos y frustrar una vez más las aspiraciones de tener un sistema de justicia imparcial que ponga fin a la desgracia de la impunidad que tanto daño ha hecho a este pueblo".
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