
De igual modo acogió la solicitud de reposición de plazos
hecha por Juan Roberto Rodríguez Hernández y le otorgó a él así como a Ángel
Rondón Rijo, Tommy Galán Grullón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno,
Andrés Bautista García y Jesús Vásquez, un plazo de 10 día para que depositen
sus medios de defensa.
La pasada semana el Pleno de la Suprema Corte volvió a
rechazar la recusación a la permanencia de Ortega Polanco en el caso.
Se recuerda que el juez Ortega Polanco mediante había fijado
auto de apertura para el pasado 6 de julio en contra de los imputados Pittaluga,
Bautista, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Jesús
Vásquez.
El 7 de junio pasado el procurador general de la República,
Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal en contra del grupo, pidiendo
al tribunal que dicte auto de apertura a juicio en su contra bajo cargos de
sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y
lavado de activos.
El 21 de junio pasado Andrés Bautista, a través de los
abogados Antoliano Peralta, Carlos Salcedo y Thiaggo Marrero Peralta,
depositaron una demanda o solicitud de inhibición en contra del magistrado
Ortega Polanco, por considerar que durante la etapa preparatoria del caso tuvo
una activa participación.
También el 22 de junio pasado, el imputado Pittaluga, a
través de sus abogados Eric Raful, Santiago Rodríguez, Carlos Pérez y Joaquín
Zapata, presentó una demanda de recusación en contra de Ortega Polanco,
alegando que participó como juez de la instrucción o control durante la fase
preparatoria del caso sobre los sobornos que admitió haber pagado Odebrecht.
Además el imputado Díaz Rúa había pedido al juez Ortega
Polanco el sobreseimiento de la audiencia preliminar, así como de las
actuaciones procesales que pudieran presentarse, hasta tanto fuera decidido un
recurso de oposición interpuesto en contra del auto del presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que lo designó para conocer el
caso.
Todos los recursos fueron rechazados por el pleno de la
Suprema Corte de Justicia. La Procuraduría General de la República había
calificado esos actos como una intención de retrasar el proceso y perseguían
que el alto tribunal les colocara jueces complacientes, lo cual provocó la
molestia de otros magistrados.
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