El Gobierno dominicano salió hoy al frente a la denuncia de
diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y negó que realizara pagos a las empresas de
Joao Santana y Mónica Moura por valor de RD$1,400 millones, sino que los pagos
totales ascendieron a RD$430,506,711.17 y que fueron ejecutados antes de ser
procesados por la justicia de Brasil.
“Es evidente la mala intención de los referidos diputados,
quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las
referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que
evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón
Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, y Roberto Rodríguez
Marchena, director general de Comunicación.
En la comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, que fue leída hoy en la sesión de ese hemiciclo, ambos funcionarios aseguran
que cuando se produjo la contratación de esas personas no estaban acusadas ni
condenadas por delito alguno.
Según la comunicación, los contratos con Santana y Moura
fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en atención a que se trataba de
asesores de la campaña del presidente Danilo Medina, que buscaba la reelección.
“Los procesos judiciales en su contra empezaron después de
que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido,
cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los
procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas
pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos”,
indica la comunicación.
La carta del Gobierno llega en respuesta a la diputada
Faride Rafúl, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400 millones a los
brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de corrupción y
lavado de activos.
A continuación el texto completo de la carta enviada por los
funcionarios:
Honorable
Rubén Maldonado Díaz
Presidente de la Cámara de Diputados
de la República Dominicana
Su Despacho
Honorable señor Presidente:
Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los
demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las
informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a
las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del
Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de
Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en
respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en
curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y
Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a
poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.
Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los
indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de
Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir
con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas
informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes
para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos
dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de
algunos de ellos en los medios de comunicación.
Lo primero a señalar es que las informaciones a que se
refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues
estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril
de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al
honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de
febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la
honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud
de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al
Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara
legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una
simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia
al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la
información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de
la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio
del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.
En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a
plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del
Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de
Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables
y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en
la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a
esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo
a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de
su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no
existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra
sus titulares.
Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del
proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados
antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita
“a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio
Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’.
Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo
con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este
tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública.
En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm.
340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y
concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la
contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos
permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos
solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque
es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia
y la rendición de cuentas.
2) En su informe, los indicados diputados han difundido la
falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de
la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil
cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE
&ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad.
Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que
prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron
a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos
once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa
de la siguiente manera:
Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la
Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$
71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la
Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$
35,762,850.00
Es vidente la mala intención de los referidos diputados,
quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las
referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que
evidencia claramente los pagos realizados.
3) En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen
vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la información
correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de
2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por
el Ministerio Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale aclarar que la
razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir
del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el
presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era
inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo
contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en
relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de
marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.
4) Los referidos diputados han alegado que las empresas con
las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron
acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen,
Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto,
es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no
estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se
produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los
procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran
rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se
haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en
su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios
prestados durante la vigencia de los contratos.
5) En en lo que respecta a la acusación de que la memoria
del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no
se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web
(www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período
2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el
acápite publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese
acápite aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de
libramientos que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible
para ofrecer cualquier información particular que se le solicite..
Honorable señor presidente: agradecemos de antemano la
atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su
disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto.
Reafirmamos a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento
de la ley.
Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros
sentimientos de la más alta estima y consideración.
Atentamente,
José Ramón Peralta F.
Ministro Administrativo de la Presidencia
Roberto Rodríguez Marchena
Director General de Comunicación
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