Al menos 69 diputados y ex diputados, así como 61
funcionarios municipales han violado la Ley 311-14 de Declaración Jurada de
Patrimonio ante la mirada indiferente de las autoridades, incluida la Cámara de
Cuentas y la Procuraduría General de la República, denunció hoy el Laboratorio
Social padre José Antonio Esquivel, del Centro Juan XXIII, de la Pontificia
Universidad Cato4lica Madre y Maestra.
“Este nuevo boletín del Laboratorio Social P. José Antonio
Esquivel, pone en evidencia lo que difícilmente deje de ser en estos tiempos un
secreto a voces: el Estado de derecho dominicano irrespeta su propia legalidad”,
expresa un boletín de la entidad.
Indica que “Recubierto de leyes, reglamentos, normas y
muchas mañas también, dicho Estado es incapaz de ocultar su inconsecuencia, al
menos, bajo la luz de la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) y
su Reglamento de Aplicación (Decreto 92-16)”.
La entidad lamenta que “Impuesta la letra muerta de la
legislación, escasea un estamento de servidores públicos que justifique su
existencia sometido al imperio de la ley”.
“En medio de tal marasmo y rodeado de encumbrados señores, cada uno procura y se
adueña de su propio feudo en medio de un Estado de derecho en el que se viola
impunemente la ley mientras los violadores salen sin vergüenza a la calle
dejando ver, dígase así, sus respectivas vestimentas entretejida con hilos de
oro”.
Indica que “quienes ven más allá del oro de tantas capas
señoriales bien saben que la desobediencia e impunidad de los violadores de la
DJP pueden estar cavando sin que lo sepan las zapatas del abuso y, también, de
la indignación. “Sin que lo sepan” y a pesar de los vítores y lisonjas
interesadas que la casta de gobernantes soberanos oiga a su paso por la vía
pública”.
En informe recuerda que la Cámara de Cuentas comunicó el
pasado 27 de septiembre 2017, según comunicación numero 013541/2017, la
existencia de 21 diputados electos para el período 2016-2020 que no habían
depositado su Declaración Jurada de Patrimonio, de acuerdo al artículo 14 de
dicha ley.
“Más aún, en la misma
comunicación, la CCRD también identifica a 82 diputados salientes que no
depositaron la DJP al salir de su cargo y que, por eso mismo, la PGR estaba
obligada ipso facto a iniciar la investigación de cada uno de ellos por
presunción de enriquecimiento ilícito de conformidad con el artículo 19 de la
misma ley”.
Recordo4, adema2s, que el actual presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, anunció -al día siguiente- en la prensa dominicana
que investigaría acerca del susodicho recurso de amparo de cumplimiento.
El Centro se lamenta que en ese contexto que se vuelve a
repetir la misma historia. “Esta vez, de acuerdo a comunicación oficial de la
CCRD del pasado 2 de abril del año 2018, 69 diputados y exdiputados permanecen
aún violando la Ley 311-14 -y dicho sea de paso la Constitución de la República
en su Artículo 146 relativo a la proscripción de la corrupción- como si ellos
gozaran no solo de inmunidad, sino también de impunidad en esta materia”.
Diputados 2016-2020 y exdiputados que no han presentado su
declaración jurada de patrimonio, según lo que establece la Ley 311-14.
No. Nombre y
Apellido Diputado de:
1 Adalberto
Esteban Rosa Santiago
2 Aurelio
Agustín Mercedes Ultramar
3 Albert Elías
Athala Distrito Nacional
4 Altagracia
Herrera de Brito Monte Plata
5 Ana
Elizabeth Aristy de Oviedo Parlacen
6 Ana María
Marcelino Acevedo Parlacen
7 Altagracia
Martha Pérez Parlacen
8 Bárbara
Yvelice Abreu La Vega
9 Carlos
Borromeo Terrero Diputado
10 Carmen Uceta
Vélez Dajabón.
11 Cristian
Encarnación Sto. Dgo Oeste
12 Diego Aquino
Acosta Parlacen
13 Edme
Elizabeth Ana Arnaud Parlacen
14 Elvin Antonio
Fulgencio Santo Domingo, Circ. 1
15 Esther
Mirelys Minyety San José de Ocoa
16 Eufrasia
Santiago Merán San Juan
17 Eugenio
Cedeño Arache La Romana
18 Eugenio María
Méndez Bahoruco
19 Evangelina
Baciliza Sosa Monseñor Noel
20 Evelin
Andújar San Cristóbal, Circ.2
21 Fausto Rafael
Liz Parlacen
22 Francisco
Antonio Matos Mancebo Santiago Circ. 2
23 Francisco
Rosario Martínez La Romana
24 Franklin
Rafael Ramos Parlacen
25 Guillermo
Radhamés Ramos La Vega
26 Jacqueline
Montero San Cristóbal, Circ. 3
27 José Antonio
Díaz Pedernales
28 José
Francisco López Valverde Mao
29 José Gabriel
Jaqués Santiago
30 José Isidro
Rosario Hermanas Mirabal
31 José Miguel
Cabrera Distrito Nacional, Circ.3
32 Juan Alberto
Cohen Sander Parlacen
33 Juan Hubiere
del Rosario Monte Plata
34 Juan José
Morales Cisneros Samaná
35 Juan Pablo
Placido Parlacen
36 Leoncio
Sandoval San pedro
37 Levis Suriel
Gómez Diputado de Ultramar
38 Luis Enríquez
Castillo Elías Piña
39 Luis Romeo de
San Martin de Porres Santo
Domingo
40 Maria Amparo
de Dios Martínez Santiago
41 Maria
Edelmira Marmolejos Jaar Parlacen
42 Manuel
Antonio Moisés Adames Parlacen
43 Manuel de
Jesús Matos Pedernales
44 Manuel de
Jesús Pichardo Parlacen
45 Mayra
Josefina Tavarez Aristy Parlacen
46 Máximo Lebrón Parlacen
47 Milagros
Milqueya Díaz Parlacen
48 Nelson de
Jesús Arroyo San Pedro de Macoris
49 Nestor Julio
Cruz Santo Domingo, Circ.1
50 Orfelina
Liselot Arias Peravia
51 Pedro Antonio
Tineo Monte Plata
52 Radhamés
Ángel Camacho Diputado Nacional
53 Rafael
Antonio Abel Lora Monte Cristi
54 Rafael
Francisco Vasquez Paulino Distrito
Nacional
55 Rafael
Leónidas Abreu Distrito Nacional,
Circ.3
56 Ramón Antonio
Fernández Santiago Rodríguez
57 Ramón Emilio
Gory Parlacen
58 Ramón Ricardo
Sánchez La Altagracia
59 Ramón Rogelio
Genao La Vega
60 Rosendo
Arsenio Borges Distrito Nacional,
Circ.3
61 Sebastino
Brito Parlacen
62 Sergia Elena
Mejía Parlacen
63 Tulio Jiménez
Díaz San Cristóbal, Circ.3
64 Víctor
Hipólito Sánchez Azua
65 Víctor Luis
de Jesús Espaillat
66 Virgilio
Manuel González Duarte
67 Víctor Manuel
Mojica Suplente Parlacen
68 Virgilio
Merán V. Ex diputado
69 Wilson Manuel
Marte Santiago
Fuente:
Comunicación de la CCRD, 2 de abril de 2018.
Eso significa que, a pesar de los diferentes señalamientos
por parte de la Cámara de Cuentas, aún no presentan su declaración:
46 diputados y exdiputados al Congreso Nacional
21 diputados del Parlacen
1 diputado de ultramar
Indica que la cifra de 105 legisladores y ex legisladores
reportados como omisos hace más de 12 meses, el pasado 14 de abril de 2017;
cifra esa que en septiembre había bajado a 103 omisos, no logra descender a
cero y ni siquiera a menos de la mitad.
“Difícil no concluir, por tanto, que buena parte de los
mismos que aprueban la ley son los que la violan. Y por tal motivo se impone
como causa ejemplar que, mientras cueste más cumplir la ley que burlarla sin
temor, en el imperio de la impunidad la ley seguirá siendo, no para que “yo” la
acate sino los demás”, expresa.
Agrega que en términos absolutos el número de funcionarios
omisos es aún más alto en el ámbito del poder municipal: de los 3,601
servidores estatales reportados por la CCRD a la PGR como omisos, según
comunicación del pasado 2 de abril, 3,528 (98%) pertenecen a los gobiernos
locales. De ellos, 1,839 están ubicados en ayuntamientos (alcaldes,
vicealcaldes, regidores, tesoreros, vocales) y 1,689 en juntas municipales (con
cargos similares).
“Vale la pena advertir, sin embargo, que, de acuerdo al
artículo 30 del Decreto 92-16, es atributo de la Tesorería Nacional retener los
pagos correspondientes a los funcionarios omisos “como consecuencia jurídica de
la inobservancia de presentar la declaración jurada de patrimonio en el plazo
establecido en el artículo 8 de este reglamento”. La Tesorería se abstiene de
realizar esos pagos con la sola condición que la CCRD le notifique formalmente
el nombre de los funcionarios infractores y hasta tanto esa misma Institución
le haga saber que el funcionario sancionado ha cumplido con su obligación”,
indica el estudio.
De acuerdo a comunicación de la CCRD a la Tesorería
Nacional, este es el último listado de 61 funcionarios cuyas respectivas DJPs
fueron entregadas fuera del plazo consignado en la ley y que, por ende, según
el ya citado artículo 30 deben ser sancionados disciplinariamente:
En virtud del estudio algunas de sus conclusiones establecen
que:
III. Conclusiones
En función del período bajo análisis y de la información
disponible se sigue:
1. La
impotencia del Estado dominicano, incapaz de lograr que sus funcionarios
cumplan entre otras con la Ley 311-14, particularmente en el ámbito municipal y
en la Cámara de Diputados.
2. El régimen
de consecuencia es inexistente, al tiempo que la arbitrariedad pasa a ser -por
usanza- la verdadera norma de comportamiento a los ojos de todos aquellos que
asumen la ley como letra muerta.
3. La impunidad
parlamentaria impera en la medida en que ni siquiera se abrió investigación por
presunción legítima de enriquecimiento ilícito -por violación a los artículos
14 y 19 de la ley 311-14 y al numeral 3 del artículo 146 la Constitución de la República- a los
legisladores y 64 exlegisladores cuyos nombres fueron notificados por la CCRD
al Procurador General de la República.
4. Cada
servidor público infractor contribuye al descrédito, tanto personal como de la
agrupación partidista y de la institución estatal a las que pertenece, porque
se siente favorecido por la impunidad de la que sigue disfrutando gracias a
quienes él o sus protectores creen ser.
5. La Oficina
de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los funcionarios estatales al
interior de la CCRD aún es inoperante luego de más de 54 meses de promulgada la
Ley 311-14.
6. Tan difícil
de comprender y de justificar como lo precedente es que la CCRD no ha concluido
ni siquiera la auditoría de una sola DJP con el propósito de verificar su
contenido, pues reporta que de entre las miles de declaraciones recibidas
únicamente tiene 115 DJP bajo análisis, es decir, todavía sin finalizar.
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