Autoridades del municipio de Boca Chica así como
comunitarios afectados por amenazas de desalojos y desalojos arbitrarios e
ilegales participaron en un seminario organizado por la Red Urbano Popular
(RUP) en el que se analizó el reciente aumento de los conflictos por el uso del
suelo.
De acuerdo a la RUP, espacio que articula a más de 200 organizaciones,
actualmente los desalojos se han intensificado debido a varios factores, entre
ellos, el crecimiento económico de la zona tras convertirse en polo turístico;
los intereses de las empresas inmobiliarias; los trabajos de ampliación de la
autopista Las Américas así como el estado de abandono del antiguo ingenio
azucarero.
Al evento asistió la diputada Josefa Castillo, quien explicó
los tres tipos de conflictos que se están dando en torno a la tenencia de suelo
en Boca Chica. El primero, de carácter privado, involucra a familias
propietarias de grandes cantidades de tierra. En este caso los problemas son de
herencia o con otras familias que tienen un largo tiempo asentadas
informalmente en esos terrenos.
Por otra parte, existen hogares están regularizando su
situación de tenencia pero presentan retrasos en sus pagos. Actualmente existe
una supuesta comisión del CEA que se ha dado la tarea de hostigar y en algunos
casos despojar a familias vulnerables de sus viviendas y terrenos.
Por último, existe el conflicto entre la comunidad y
personas que pretenden comprar terrenos del CEA a precios irrisorios con el
objetivo de venderlos a privados. Estos terrenos tienen un interés social,
algunos están ocupados por familias que tienen arraigo en la zona y otros son
lugares de oportunidad para la construcción de equipamientos y servicios
básicos que son inexistentes en Boca Chica. Estas ventas se encuentras
detenidas en el Congreso.
“Estamos claramente ante un conflicto de poder, un
contubernio entre actores públicos que pretenden lucrarse aprovechando sus
posiciones de privilegio frente a una comunidad que se encuentra altamente
vulnerada", expresó la diputada.
En el seminario también se presentó una investigación
realizada por Ciudad Alternativa que determinó que la amenaza de desalojo se
extiende al 53% de las familias que han adquirido sus viviendas, mientras que
las familias que se encuentran en situación de tenencia irregular son
amenazados o desalojados violando los artículos 47 y 48 de la Ley de Registros
Inmobiliario así como el Código Civil Dominicano y la Constitución de la
República.
Por su parte, la RUP propone una solución al conflicto.
“Hemos elaborado una propuesta de resolución que se encuentra en manos del
Cabildo de Boca Chica en la cual se declara al municipio y al distrito
municipal de La Caleta libre de desalojos arbitrarios e ilegales. Esta
resolución está avalada por la Constitución Dominicana y el Pacto Internacional
de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como forma de garantizar
el derecho a una vivienda digna y adecuada.”
Recuerdan que este conflicto suscitado en Boca Chica en
torno a los terrenos del CEA tiene un similitud con otros conflictos de suelo
que han salido a la luz pública en los últimos años como es el caso de Los Tres
Brazos y de Haina, por lo que por parte de las organizaciones se está dando un
proceso de unificación de la lucha.
Las organizaciones presentes manifestaron que tanto el
alcalde por el municipio de Boca Chica, Radhamés Castro, así como el director
del distrito municipal de La Caleta, Máximo Soriano, apoyan la iniciativa de la
resolución propuesta por la RUP. Las organizaciones y familias afectadas
hicieron un llamado al Consejo de Regidores para que asuman esta iniciativa que
pretende garantizar el derecho de los munícipes a una vivienda digna y segura.
El seminario también contó con la asistencia del alcalde de
Boca Chica, Radhamés Castro, el dirigente comunitario Julio César Asencio del
Movimiento Comunitario Boca Chica Ahora o Nunca; el activista social Emilio
Antonio Gil y Ángel Serafín Cuello, de Ciudad Alternativa, además de la
asistencia de decenas de familias afectadas por el conflicto. Fueron invitados
aunque no asistieron al encuentro, el ex-gobernador de la provincia de Santo
Domingo y el director del CEA, Pedro César Mota Pacheco.
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