La Alianza por la Democracia (APD) condenó el manejo dado al
caso de Odebrecht por la Procuraduría General de la República (PGR), a quien
acusó de desvirtuar por completo sus funciones para ponerlas al servicio de la
impunidad.
El licenciado Max Puig, presidente de la APD, dijo que la
presentación que hizo el procurador Jean Alain Rodríguez de la acusación, a
través de los medios de prensa, “fue un espectáculo de mal gusto, aunque muy
representativo de la parodia democrática dominicana”.
“El Procurador hizo todo lo contrario de lo que estaba
obligado a hacer: en vez de investigar para descubrir lo que hizo fue confundir
para encubrir y, a final de cuentas, para proteger a los principales y
verdaderos culpables del saqueo de los bienes públicos, que son bienes de
nuestro pueblo”, expresó el dirigente político.
Puig indicó que “La trama Odebrecht se armó desde las más
altas instancias del gobierno y eso lo sabe todo el pueblo dominicano. También
sabe que, desde hace meses, se ha venido montando un sainete de justicia con
propósitos políticos inconfesables”.
“De ahí la indignación que ha provocado la tosca
manipulación que se pretende vender como proceso judicial justo e imparcial”,
manifestó.
El sociólogo dijo que en este caso, como en muchos otros, el
partido dominante está haciendo un uso instrumental de las instituciones para
fines ilegítimos.
“El colmo de la burla es pretender que no hay corruptos en
el gobierno más corrupto que ha tenido Republica Dominicana en toda su historia
y que no hay implicados del actual gobierno en la trama Odebrecht, cuando fue
en este gobierno que la transnacional delincuente confesó haber pagado la mayor
parte de sus coimas en el país”, se quejó.
Consideró como un descaro decir que no hay indicios de
corrupción en la licitación, adjudicación, financiamiento y proceso de
construcción de las sobrevaloradas y contaminantes plantas de carbón de Punta
Catalina.
Dijo que el procurador hace el ridículo cuando ofrece como prueba
de la limpieza de las operaciones de Punta Catalina declaraciones ofrecidas por
ejecutivos de Stanley Consultants, empresa directamente implicada en las
irregularidades como quedó demostrado en el Informe de la Comisión Presidencial
sobre Punta Catalina o Informe Agripino.
“Es escandaloso que el procurador no encuentre pruebas de
los delitos cometidos por los miembros del comité político del partido
dominante involucrados en la estafa, a pesar de que uno de ellos confesó haber
recibido y canalizado hacia el PLD millones de dólares que le fueron entregados
por el principal implicado en el caso”, agregó.
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