La coerción consiste en impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
A Soto Mercedes se le vincula con Jesús Alberto Tavares, Franklin Rosario Vicente, Wisler Ramón Lantigua, quienes se encuentran sujetos a medida de coerción de prisión preventiva, y a Marlenys Sánchez, en seguimiento electrónico y presentación periódica.
El grupo fue sometido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), quien asegura que deducían impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la secuencia de numero de comprobantes fiscales utilizados en el fraude ascendente a los RD$150 millones aproximadamente.
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