El Ministerio Público inició una investigación de
inteligencia que terminó la madrugada de ayer sábado con el desmantelamiento de
una red dedicada a la trata de personas,
el rescate de seis venezolanas, el cierre de un bar y el arresto del
propietario y una administradora del negocio.
La Procuraduría General de la República actuó por una
denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas
de cinco que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar, por
presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación
sexual.
El Ministerio Público informó que durante la operación fue
arrestado en su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional, el
propietario del establecimiento de diversión del sector Los Prados de la
capital y quien se presume dirige la red, el dominico americano Jarvis Guerra
Rodríguez, de 39 años, mientras que la manager de nacionalidad dominicana
Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años,
fue apresada en dicho negocio.
La institución informó que los dos arrestados serán
sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea
impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.
Indicó que los integrantes de dicha organización criminal
presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación
sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.
Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a
la misma también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de
28 años de edad, quien según se ha establecido durante la investigación se
encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en
ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres
venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.
Tras ofrecer los detalles del caso mediante un comunicado de
prensa, la institución señaló que los allanamientos fueron realizados mediante
las órdenes judiciales No. 0064-JUNIO-2018, No. 0062-JUNIO-2018 y No.
0059-JUNIO-2018, del pasado 22 de junio, que fueron emitidas por los citados
delitos en los que se estaría incurriendo en dicho bar.
El órgano a cargo de la investigación explicó que en la
residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las
venezolanas, los contratos de trabajo, las cartas de invitación que les hacían
hacia la República Dominicana, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del
negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, laptops, celulares, computadoras
de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las
mujeres con los clientes y un carro marca Toyota Corolla del año 2000.
Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias
porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se
cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana, los
cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para
el análisis de rigor. También, dijo que confiscaron documentos donde se registraban las
actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros
objetos y documentos.
Precisó en ese mismo orden, que además del allanamiento
realizado en el bar y en la residencia del propietario del negocio, también fue
allanada la vivienda de la madre de éste en el mismo sector Bella Vista, donde
el arrestado guardaba documentos relacionados al negocio Pink PongyBar, siendo
confiscados en dicha residencia títulos de propiedad del negocio y pasaportes
de las víctimas.
En los allanamientos practicados por la Procuraduría
Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas,
también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones
Criminales (DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de
la Policía Preventiva.
El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las
pesquisas que lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido
informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales
con los clientes y que luego que las víctimas escaparon del lugar uno de sus
victimarios intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial
donde se encontraba la víctima.
De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido
engañadas con falsas promesas para traerlas al país y según informaciones
obtenidas por un pasaje que cuesta US$120 dólares les querían cobrar hasta
2,000 dólares.
En referencia a este caso, el Ministerio Público señaló que
lo llevará hasta las últimas consecuencias, destacando que procurarán que
contra los imputados se imponga prisión preventiva.
La información destaca que esta acción se produce en el
marco del plan institucional puesto en marcha por el procurador Jean Rodríguez
para garantizar una labor más efectiva y oportuna contra la trata de personas,
tanto en materia de prevención como de persecución, disponiendo de más personal
capacitado en el tema, más recursos económicos y más herramientas para el combate efectivo de ese
delito del crimen organizado.
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