WASHINGTON, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las políticas y medidas de migración
y asilo recientemente adoptadas por Estados Unidos.
La CIDH condena la muerte de Claudia Patricia Gómez
González, una indígena Maya-Mam de Guatemala de 20 años de edad, quien fue
asesinada a tiros por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación por la
nueva política migratoria conocida como "tolerancia cero" para disuadir
la migración separando a niños y niñas de sus padres y madres, así como las
recientes decisiones legales que restringen el acceso al estatuto de refugiado
sobre la base de la violencia doméstica y de pandillas.
La CIDH llama a las autoridades de los Estados Unidos a
priorizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas y prácticas.
Según información públicamente disponible, el 23 de mayo de
2018, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra un grupo de personas
que él creía eran inmigrantes indocumentados en Río Bravo, Texas, cerca de la
frontera con México. Como resultado, Claudia Patricia Gómez González recibió un
disparo en la cabeza y murió.
Claudia viajó a Estados Unidos desde Guatemala en busca de
mejores oportunidades para trabajar y estudiar. La Comisión insta a las
autoridades de Estados Unidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva y
proporcionar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido.
La Comisión también expresa su profunda preocupación por la
nueva política de "cero tolerancia" anunciada el 7 de abril de 2018,
que establece que todas las personas que crucen la frontera ilegalmente serán
procesadas.
Debido a esta política, niños y niñas son separados de sus
padres y madres y derivados a la Oficina de Reubicación de Refugiados, donde
podrían ser entregados a un patrocinador adulto en Estados Unidos, una familia
de acogida, o ubicados en un refugio.
La CIDH reafirma que niños y niñas tienen derecho a no ser
separados de sus padres porque la detención nunca responde al interés superior
del niño. La Comisión solicita a las autoridades de Estados Unidos que
identifiquen a los niños migrantes que requieren protección internacional y no
recurren a la privación de la libertad de los niños en ninguna circunstancia,
incluso con el objetivo de garantizar la unidad familiar.
La CIDH reitera que el principio de no devolución contenido
en el Derecho Internacional de Refugiados establece la prohibición de expulsar
o devolver a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas por
motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.
La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH
para Estados Unidos, destacó: "La migración irregular no es un delito. Los
Estados deben tener en cuenta el interés superior del niño. La familia es la
unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho
internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos, y está
legalmente reconocida y protegida".
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator de la CIDH
sobre los Derechos de los Migrantes, declaró: "Si bien los Estados tienen
derecho a establecer sus políticas de inmigración; las políticas, leyes y
prácticas implementadas en materia de migración deben respetar y garantizar los
derechos humanos de todos los migrantes, que son derechos y libertades que se
derivan de la dignidad humana.
Dijo que las políticas y prácticas de inmigración nunca
pueden usarse como mecanismos para causar tratos crueles, inhumanos y
degradantes, para separar familias, para atacar a niños y sus familias, o para
poner en mayor riesgo las vidas de las personas que necesitan protección. Esto
es simplemente inhumano e incomprensible".
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