El ex vicepresidente Rafael Alburquerque De Castro calificó
como sesgadas y parcializadas las peticiones que han hecho algunos dirigentes
del Partido de la Liberación Dominicana para que se convoque el Comité Político
con la finalidad de sancionar a los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz, vinculados
a la comisión de presuntos actos de corrupción.
Alburquerque De Castro recordó que otros importantes
dirigentes de esa organización política también están encartados en expedientes
de corrupción administrativa, y sin embargo esas peticiones de sanción no se
extiende hacia ellos y solo se limita a los secretarios de Organización y
Finanzas del Partido.
El reconocido jurista y profesor universitario aclaró que el
PLD no puede sancionar a ningún dirigente acusado de violar una disposición
legal, a menos que en su contra no se dicte una sentencia firme, es decir que
adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´
AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Alburquerque
explicó que hay un principio universal, recogido por la Constitución de la
República y el Código Procesal Penal, que protege la presunción de inocencia de
los imputados, y es que a toda persona se presume inocente hasta que no se
demuestre lo contrario.
En lo que respeta a Félix Bautista recordó que fue
descargado por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia que el entonces
procurador general de la República Francisco Domínguez Brito no apeló, y en lo
referente a la sanción de Estados Unidos ya éste hizo sus aclaraciones y habría
que ver si Haití radica cargos en su contra, cosa que hasta ahora no ha
sucedido.
“Es una petición totalmente sesgada, totalmente parcializada,
porque en el mismo caso de Odebrecht en el que Víctor Díaz está encartado, el
también senador y presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana
en San Cristóbal, también está sometido, que me explique mi compañero y amigo
Domínguez Brito, oh y por qué en un caso sí y en otro no“, cuestionó el ex vicepresidente
de la República.
Alburquerque insistió en preguntar en por qué en un caso si
en en otro no, si es porque uno se identifica con una tendencia dentro del PLD
y el otro no.
“Nosotros tenemos que preservar sobre todo la unidad del
partido, entonces cómo a usted se le ocurre pedir sanción para Víctor Díaz, oh
y Tommy Galán, están sometidos igualito en el mismo caso, si estuviéramos
hablando de casos diferentes, no, pero es el mismo caso, por los mismos hechos,
entonces Víctor Díaz si, y Tommy Galán no“, martilló el exministro de Trabajo.
Dijo que se se quiere conservar la unidad del partido, que
es el interés de los dos principales líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina,
hay que actuar con prudencia, sin dejarse llevar de las pasiones que lo que
hacen es exacerbar los ánimos que inducen a la generación de conflictos.
Llamó la atención de los miembros del Comité Central, órgano
máximo del partido entre Congreso y Congreso, que son los que tienen que dar el
ejemplo para que se eviten confrontaciones fatales para la organización.
Indico que si alguien resulta condenado por incurrir en ese flagelo será expulsado de la
organización política, conforme lo establecen sus estatutos.
Respeto a si la situación por la que atraviesan Víctor Díaz
y Félix Bautista puede afectar una candidatura del ex presidente Leonel
Fernández, Alburquerque dijo que, sin juzgar a nadie, la responsabilidad penal
es estrictamente personal.
Alburquerque criticó el manejo mediático dado por el
procurador general de la República al caso Odebrecht, y llamó al ministerio
público actuar con prudencia y ventilar los expedientes en los tribunales y no
en los medios de comunicación.
“La misma presentación que hizo el procurador general de la
República por televisión del caso Odebrecht, eso debió hacerlo, por lo menos en
mi época del ejercicio del derecho como abogado, eso lo hacía el procurador en
el tribunal, no públicamente“, alertó.
El doctor Alburquerque reiteró que las primarias abiertas
violentan varios artículos de la Constitución de la República, y además
desconoce una sentencia de la Suprema Corte de Justicia actuado como control
concentrado de la constitucionalidad, que expulsó del ordenamiento jurídico
nacional, una ley similar a la que ahora se pretende.
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