La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirmó que con sus tácticas dilatorias los
abogados de los imputados en el caso Odebrecht pretenden la designación de un
juez favorable a la impunidad.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier se refirió de esa manera a la recusación hecha
por varios abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht, quienes
objetan que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia,
Francisco Ortega Polanco, conozca la audiencia preliminar del proceso.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, advirtió que
esas tácticas dilatorias responden al interés de que sea designado un juez que
le sea favorable a sus representados y a la impunidad.
Dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja
la recusación bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene
conocimiento previo del expediente, llamó la atención en el sentido de que por
igual aplicación de ese principio solicitado, llevaría a que ese órgano de
justicia estaría también imposibilitado para designar a algún otro juez que
haya tenido conocimiento del caso.
Indicó que quedarían excluidos por igual a todos los jueces
de la Segunda Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Hirohito Reyes,
Alejandro Moscoso Segarra, Miriam Germán, Esther Agelán Casasnovas y Frank
Soto, ni para el conocimiento de la audiencia preliminar ni la apertura a
juicio, en virtud de que al igual que el juez Ortega Polanco, éstos ya
conocieron aspectos del caso a través de la apelación de las medidas de
coerción que el pasado año fueron impuestas por el magistrado Ortega a
solicitud del Ministerio Público.
La magistrada Guerrero Pelletier dio una voz de alerta a la
ciudadanía para que esté atenta a la actuación de los imputados y sus abogados
en este emblemático caso, el que definió como el más importante que se haya
conocido en el país en materia de corrupción, por la trascendencia económica,
política y social de los encartados, y llamó a estar pendiente de las
decisiones del Poder Judicial en este caso para que cada cual cumpla con su
rol.
Recordó que tal cual ha indicado el procurador general de la
República, Jean Rodríguez, “el Ministerio Público no tiene un juez favorito, el
único juez favorito es la justicia”.
Al responder preguntas de los periodistas que cubren la
fuente de la Procuraduría General de la República, la titular de la PEPCA
recordó que el Ministerio Público cuenta con 1,711 pruebas que acompañan el
expediente acusatorio de este caso, con las cuales dijo que demostrarán los
delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en
escritura y lavado de activos.
Se recuerda que el pasado 7 de junio, el Ministerio Público
depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los
señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno,
Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto
Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
El voluminoso expediente, señala la institución, relata en
518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían
cometido los siete encartados.
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