
Los juristas Luz Díaz y Manuel Rodríguez explicaron que
después de una larga investigación de la hipótesis de que Montás habría
recibido sobornos a cambio de favorecer con obras públicas a la constructora
brasileña, el ministerio público tuvo que admitir que esos hechos no se
produjeron.
Díaz informó que aun “no se nos ha notificado el archivo
provisional”, por lo que esperan que durante esta semana el recibo de esa
comunicación formal para determinar cuáles son los aspectos que quedaron
cerrados y sobre cuáles aun se va a seguir depurando el expediente.
Explicó que el archivo provisional es una figura a la que
puede acogerse el ministerio público a la hora de llegar a conclusiones sobre
una investigación a una persona señalada inicialmente como participante en un
delito o en su defecto formular una acusación para ir a un juicio de fondo.
Al ser entrevistada en el telematutino Hoy Mismo, por Color
Visión, Díaz consideró que la Procuraduría llegó a la conclusión de archivar
las imputaciones contra Montás porque “no hay probabilidad de que en un juicio
esa persona sea condenada”.
Dijo que tanto en las audiencias de conocimiento de las
medidas de coerción como posterior a ellas, la defensa de Montás depositó
documentos probatorios, incluyendo análisis financieros y de patrimonio, para
desmontar las imputaciones en su contra.
Agregó que tras las indagatorias del ministerio público
buscando pruebas a cargo y a descargo, las autoridades comprobaron que las
informaciones que se vertieron tratando de señalarlo como receptor de sobornos
de Odebrecht, “no tenían sustento”.
No obstante, la jurista recordó que Montás ha dicho que el
ministerio público y cualquier interesado puede seguir investigando porque está
seguro que nadie encontrará elementos para probar que él haya actuado por fuera
de la ley.
Sobre el supuesto trato privilegiado a Montás
El abogado Manuel Rodríguez descartó las versiones
circulantes de que con la decisión del ministerio público de archivar las
imputaciones se ha dado un trato privilegiado a Montás, puesto que, por el
contrario, fue objeto de actos que provocaron daños a su defendido.
Señaló que fue el propio Montás quien dijo públicamente que
estaba en disposición de someterse a cualquier investigación, que acudió a
interrogatorio del ministerio público, que siendo una persona con arraigo y
ministro, se le arrestó, se le violó el plazo para acusarlo o ponerlo en
libertad y luego pidieron medida de coerción de 18 meses y se le impuso un año.
Ante la pregunta de si frente al daño moral y personal
provocado por las imputaciones del ministerio público a Montás hay la posibilidad
de una demanda por daños y perjuicios, Rodríguez señaló que eso está
establecido en el ordenamiento jurídico, pero que su defendido no ha
manifestado ese interés.
“El archivo provisional es un reconocimiento de que el
ministerio público no tenía pruebas contra Montás”, apuntó el jurista.
Reiteraron que ahora esperan la notificación del archivo por
parte de la Procuraduría General de la República, que hasta el momento no lo ha
hecho formalmente, aunque lo informó públicamente cuando presentó acusación
contra otros siete imputados en el escándalo de sobornos de Odebrecht.
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