
Al ofrecer la información a través de la Dirección de
Comunicación y Prensa de la institución, dijo que existe una estrategia
dilatoria y de desinformación por parte del exfiscal Robert Justo, quien es
procesado y se encuentra en prisión luego que nueve empleadas y usuarias de la
Fiscalía lo acusaran de acosarlas sexualmente.
Explicó que esas tácticas dilatorias iniciaron desde que fue
sometido a un juicio disciplinario por parte del Consejo Disciplinario del
Ministerio Público, durante el cual utilizó múltiples artimañas para que el
mismo se prolongara por once meses, con el objetivo de impedir que el
Ministerio Público le pueda probar los hechos que se les imputan y luego alegar
la extinción del plazo.
De igual manera, señaló que desde el pasado año se mantuvo
prófugo de la justicia y que fue arrestado el pasado martes 15 de mayo, luego
que se ejecutara una orden de arresto que obtuvo el Ministerio Público en su
contra.
El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de
coerción y por las evidencias presentadas la juez de la Instrucción de Samaná,
Dilcia Peña Green, le impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel
pública de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
Indicó el organismo respecto a esas tácticas dilatorias, que
ahora Justo Bobadilla continúa utilizando esas mismas estrategias para dilatar
el proceso que se lleva en su contra en el Departamento Judicial de Samaná.
Reveló que fue realizada una falsa trama con actores e
impostores que simularon ser empleados del Ministerio Público para un montaje
de una llamada que fue realizada al celular de la esposa del exfiscal, donde
una persona haciéndose pasar por el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, le
solicita dinero a cambio de desistir de la acción judicial que se lleva a cabo
en contra de Justo Bobadilla.
Detalló que ante ese hecho el Ministerio Público inició una
investigación para establecer la identidad de la persona que habla en el audio
y verificar los vínculos con el imputado, y que han requerido a la esposa del
exfiscal la entrega del celular de manera voluntaria para extraer la
conversación y proceder con el análisis de rigor que permitiría establecer el
origen de la llamada.
En el comunicado de prensa mediante el cual se ofreció la
información, el organismo destacó el deber de los ciudadanos de contribuir con
las investigaciones cuando se requiere de su participación para esclarecer los
hechos, señalando que en este caso ni la esposa del exfiscal ni su hija han
querido contribuir con las indagatorias para establecer la verdad, en una
actitud rebelde.
Precisó en ese orden, que la denuncia de amenazas por parte
de miembros del Ministerio Público para que entreguen el celular, hecha por la
hija del exmiembro del Ministerio Público en un noticiero de televisión de
alcance nacional, carecen de fundamento y forman parte de las referidas
tácticas dilatorias para entorpecer las investigaciones y prolongar el proceso
penal que se le sigue en la jurisdicción de Samaná.
El Ministerio Público reiteró que los citados audios no
corresponden al magistrado Bolívar Sánchez, sino a un impostor y que la
creación de esa trama procura exculpar al hoy imputado, tratando de
descalificar a la Inspectoría del Ministerio Público, quienes por ley desarrollaron
la investigación que logró su destitución del cargo y la imposición de tres
meses de prisión preventiva por abusos sexuales.
La Dirección de Comunicación y Prensa de la institución,
hizo un llamado a la esposa del exfiscal para que entregue de manera voluntaria
el aparato celular y lo ponga a disposición del Ministerio Público.
El comunicado destaca que la institución mantiene firme la
acusación contra el exfiscal y resaltó que el Ministerio Público trabaja para
establecer la verdad, reiterando que existen graves indicios que lo vinculan al
acoso sexual denunciado.
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