El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor (Pro Consumidor) impuso multas al Restaurante Rico Pollo, localizado
en el kilómetro 8 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, por
operar bajo condiciones de insalubridad e iniciará una acción penal por
desacato a la Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado.
La Resolución indica que las multas administrativas,
ascienden a la suma 2 millones de pesos, por encontrar situaciones que
afectaban a los consumidores, operando deficientemente e incumpliendo los
criterios de seguridad alimentaria sobre calidad, higiene y manipulación de
alimentos.
Anina Del Castillo, directora de la entidad, señaló que se
hizo una primera inspección el dÃa 3 de mayo, estableciendo la obligación de
mejorar sus instalaciones, eliminar la suciedad, la falta de organización y
sistema de drenajes, acumulación de aguas residuales y dotar a los empleados
indumentarias adecuadas.
Posteriormente en el dÃa de ayer, Pro Consumidor, realizó
una nueva inspección a este establecimiento y como no habÃan corregidos las
irregularidades encontradas, se procedió a su cierre.
Expresó, que luego del cierre, el comercio incurrió en el
delito de desacato o desobediencia a la autoridad.
“Los dueños del
Restaurante Rico Pollo, procedieron a colocar encima del letrero cerrado por
Pro Consumidor, otro letrero indicando que estaba cerrado por remodelación”, lo
que significa una amenaza y desacato a la autoridad del Estado en el ejercicio
de sus funciones, por lo que, inmediatamente se procedió a iniciar el
procedimiento administrativo sancionador y a la vez, una acción penal por
desacato y la reiteración de que hasta tanto no corrijan las anomalÃas
evidenciadas, no podrá operar el establecimiento.
Dijo que Pro
consumidor, como vigilante del mercado vela por la seguridad de los productos y
servicios y tiene la potestad de cerrar o clausurar los establecimientos o
instalaciones que no cuenten con las condiciones adecuadas y reglamentadas.
Finalmente exhortó a las personas a que continúen
denunciando los comercios que incurran en violación a la Ley 358-05 de Protección
al Consumidor y que puedan afectar su salud y seguridad.
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