WASHINGTON, D.C.-La Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) condenó nuevos hechos de violencia ocurridos en Managua, León y
Chinandega, Nicaragua, en los que perdieron la vida tres personas y resultaron
heridas otras decenas.
Según información de público conocimiento, el 23 de mayo de
2018 grupos privados, conocidos en Nicaragua como "fuerzas de
choque", atacaron manifestantes que mantenÃan barricadas en León. Como
resultado de los ataques con armas de fuego de estos grupos parapoliciales,
perdió la vida Manuel de Jesús Chávez RamÃrez, quien recibió un disparo en la
cabeza.
Asimismo, como producto de los ataques habrÃan decenas de
personas heridas, quienes de acuerdo a la información disponible, fueron
trasladadas al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (HEODRA) de la ciudad universitaria.
Adicionalmente, la CIDH recibió información sobre hechos
similares ocurridos en Chinandega, donde también habrÃan actuado estas
"fuerzas de choque". En los hechos en Chinandega murió Luis Ramón
Cruz Alvarado, por herida de bala.
De acuerdo a declaraciones de su padre, Luis Manuel Cruz, a
la prensa, su hijo pasaba en bicicleta por la zona cuando fue alcanzado por el
disparo. De acuerdo a la información disponible, los grupos parapoliciales
habrÃan atacado a manifestantes armados con escopetas y morteros, y más de 20
personas habrÃan resultado heridas en el enfrentamiento que ocurrió a
continuación.

Durante la visita de trabajo a Nicaragua llevada a cabo del
17 al 21 de mayo, la Comisión recibió centenares de testimonios que indican que
la represión en el paÃs viene siendo ejecutada por la PolicÃa Nacional, sus
fuerzas antimotines, y por grupos parapoliciales y terceros armados.
En este sentido, la CIDH reitera al Estado nicaragüense
su obligación de no permitir la
existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han
participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su
funcionamiento desde las estructuras desde el Estado, asà como recuperar el uso
legÃtimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.
El Estado nicaragüense debe desmantelar los grupos
parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de
terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.
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