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La CIDH condena nuevos hechos de violencia en Nicaragua


WASHINGTON, D.C.-La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó nuevos hechos de violencia ocurridos en Managua, León y Chinandega, Nicaragua, en los que perdieron la vida tres personas y resultaron heridas otras decenas.
  
Según información de público conocimiento, el 23 de mayo de 2018 grupos privados, conocidos en Nicaragua como "fuerzas de choque", atacaron manifestantes que mantenían barricadas en León. Como resultado de los ataques con armas de fuego de estos grupos parapoliciales, perdió la vida Manuel de Jesús Chávez Ramírez, quien recibió un disparo en la cabeza.

Asimismo, como producto de los ataques habrían decenas de personas heridas, quienes de acuerdo a la información disponible, fueron trasladadas al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (HEODRA) de la ciudad universitaria.

Adicionalmente, la CIDH recibió información sobre hechos similares ocurridos en Chinandega, donde también habrían actuado estas "fuerzas de choque". En los hechos en Chinandega murió Luis Ramón Cruz Alvarado, por herida de bala.

De acuerdo a declaraciones de su padre, Luis Manuel Cruz, a la prensa, su hijo pasaba en bicicleta por la zona cuando fue alcanzado por el disparo. De acuerdo a la información disponible, los grupos parapoliciales habrían atacado a manifestantes armados con escopetas y morteros, y más de 20 personas habrían resultado heridas en el enfrentamiento que ocurrió a continuación.

Por otra parte, la CIDH conoció información sobre el asesinato de Marlon José Orozco, quien, según declaraciones de sus familiares, fue perseguido por varios motorizados encapuchados y armados, debido a que llevaba una bandera azul y blanco en su carro. En medio de esta persecución, el vehículo que conducía Marlon José Orozco se habría estrellado, tras lo cual las personas encapuchadas le habrían disparado en la cabeza.

Durante la visita de trabajo a Nicaragua llevada a cabo del 17 al 21 de mayo, la Comisión recibió centenares de testimonios que indican que la represión en el país viene siendo ejecutada por la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines, y por grupos parapoliciales y terceros armados.

En este sentido, la CIDH reitera al Estado nicaragüense su  obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.

El Estado nicaragüense debe desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.

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