Durante un panel auspiciado por la Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), los juristas Julio Cury, Trajano Potentini, Pedro José
Duarte Canaán y Nelson Ruddys Castillo Ogando, analizaron el impacto de la
nueva legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, donde además pusieron a circular una recopilación de las normas
y principales instrumentos internacionales sobre la materia, con estudio
doctrinal incluido a cargo de Potentini.
El primero en exponer fue Julio Cury, quien lamentó que el
Congreso Nacional haya enajenado sus facultades, al acoger un y hacer un copy
page, de una ley foránea e impuesta por gobiernos extranjeros y organizaciones
internacionales, y lo peor aún sin tomar en cuenta, ni adaptarla a la realidad
de la República Dominicana, incurriendo con ello en diferentes yerros y
desfase, convirtiendo de paso a la nueva ley 155-17, sobre lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, en inconstitucional, desproporcionada y abusiva.
Tanto Cury como Potentini, coincidieron en señalar algunas
incongruencias y escollos que presenta la nueva legislación, por ejemplo, prevé
como infracciones precedentes y determinantes para el lavado de activos, al
tráfico de influencias, el sicariato, el testaferrato y el enriquecimiento no
justificado, expresiones y conceptos que NO se encuentran tipificados en las
leyes del paÃs como delitos.
Asimismo, expresaron las trabas a la libertad de empresas
con las nuevas disposiciones desproporcionadas para los sujetos obligados no
financieros, la prohibición del uso de dinero en efectivo, a partir de ciertas
cantidades, pese a que la constitución designa el peso dominicano como la
moneda de circulación nacional, la capacidad casi generalidad y discrecional
que le da la ley a las autoridades para reglamentar, en clara y abierta
contradicción con el artÃculo 4 de la constitución, cuando contempla que las
facultades de los poderes del Estado son indelegables; entre otras.

Por otra parte, el jurista Duarte Canaán abordo la profusa
lista de tipos penales que hoy tienen vocación de lavado de activos, al tenor
de la nueva legislación, destacando el aumento y agravación de las penas, hasta
40 años de reclusión mayor y multas exorbitantes de 300 mil a los 4 millones de
pesos, a juicio del togado la nueva corriente se inscribe en el expansionismo
penal, uno de los signos distintivos de la tendencia moderna del derecho penal.
El último en exponer, el doctor Nelson Ruddys Castillo
Ogando, estimó al referirse al rol de los notarios de cara a la ley 155-17, que
la tendencia internacional desde el grupo de acción financiera (GAFI), y otras
agencias internacionales, serÃa el favorecer una corriente orientada a eliminar
al notariado como ente intermediario de las operaciones financieras, además de
darle prioridad al uso y servicios de los bancos fuera del manejo del efectivo.
De igual forma Ogando Castillo reconoció que para los notarios
en el plano nacional no será tan difÃcil el sortear las dificultades de la ley,
toda vez que muchas de las disposiciones de la ley se corresponden con el
ejercicio y naturaleza del notariado, en razón de que el notario realiza su
trabajo con la escritura y desde siempre tiene que conservar un protocolo de
sus actos.
La actividad fue escenario para la puesta en circulación del
libro Legislación Dominicana en materia de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, con un estudio doctrinal a cargo de Trajano Potentini,
conteniendo las principales disposiciones sobre el tema, tanto a nivel
nacional, como internacional, la obra ya se encuentra a disposición del público
en la LibrerÃa JurÃdica Virtual, en el tel. 809682-6343.
Finalmente, el panel de expertos contó con la participación
de un nutrido grupo de profesionales del derecho y otras profesiones; además de
estudiantes de derecho y una representación de La Red Latinoamericana de
Jóvenes por la Democracia (Juventud Lac), celebrado en el salón de eventos de
la Fundación Justicia y Transparencia.
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