Un grupo de entidades oficiales y privadas, incluídas varias
universidades establecerán mecanismos de colaboración que permitan resolver los
problemas de registro tardío de nacimiento que afectan a miles de dominicanos,
generando una situación de exclusión social y vulnerabilidad.
El propósito fue establecido mediante acuerdo por la
Procuraduría General de la República, la Dirección General de Programas
Especiales de la Presidencia y el Poder Judicial, así como la Junta Central
Electoral, la Federación Dominicana de Municipios y diferentes universidades.
Con ese propósito fue firmado un acuerdo de cooperación
entre el procurador general de la República, Jean Rodríguez; los presidentes
del Consejo del Poder Judicial y la Junta Central Electoral (JCE), Mariano
Germán Mejía y Julio César Castaños Guzmán, respectivamente y el titular de la
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), Domingo
Contreras.
Por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), firmoaron
Rafael Hidalgo Fernández y los rectores de las universidades Autónoma de Santo
Domingo (UASD), Iván Grullón; Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM), Ramón de la Cruz; de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),
Miguel Fiallo; de APEC, Salvador Holguín, y de UNICARIBE, José Aybar.
También de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Ángel
Hernández; de la Tercera Edad (UTE), José Almánzar; de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal
(UFHEC), Alberto Ramírez, de la Tecnológica
de Santiago (UTESA), María Elena Cruz, y Central del Este (UCE), José Hazim.
Durante la firma del acuerdo, el procurador Jean Rodríguez
resaltó la importancia de la alianza entre las instituciones firmantes,
destacando que con las medidas que
adoptarán estarán dando cumplimiento a la Constitución de la República y a las
leyes, así como a convenios internacionales que consignan la protección
efectiva de los derechos de las personas y al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Como parte de las acciones a implementar, la Procuraduría
General de la República (PGR) se encargará de designar un equipo de fiscales
que emita los dictámenes u opiniones y apodere a los tribunales correspondientes.
Igualmente, promoverá cambios administrativos y emitirá las
resoluciones que simplifiquen el proceso, disminuyan los tiempos y permitan
superar obstáculos al registro de nacimiento tardío.
En tanto que la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia,
a través del programa de lucha contra la pobreza extrema y a favor de la
inclusión social “Soy Persona”, se comprometió a articular la participación
comunitaria y ciudadana en los procesos de registro tardío.
También, se encargará de promover jornadas de registro de
las declaraciones tardías de nacimiento, en coordinación con la Junta Central
Electoral, la Federación Dominicana de Municipios y las universidades,
especialmente focalizados en los niños, niñas, adolescentes y personas
vulnerables.
De su parte, el Poder Judicial se comprometió a que en caso
de que haya una mora judicial en las solicitudes de ratificaciones de actas
objeto del presente acuerdo, designará jueces liquidadores, a fin de encaminar
un proyecto para erradicar la misma en el menor tiempo posible.
El organismo judicial, como parte de lo pactado, además
designará un coordinador o representante ante la comisión de evaluación del
programa y ofrecerá periódicamente información sobre la cantidad de sentencias
de ratificaciones de actas de nacimiento.
En tanto que la Junta Central Electoral se comprometió a
realizar campañas contra las declaraciones tardías de nacimiento, así como a
ofrecer mensualmente información sobre el porcentaje de personas registradas.
La JCE de igual forma brindará apoyo técnico y capacitación
a los empleados de las oficialías, estudiantes universitarios que participen
del programa, personal de las a
lcaldías y de las demás instituciones firmantes.
Dentro de las medidas acordadas, la Federación Dominicana de
Municipios coordinará la integración y participación de los municipios al
programa “Soy Persona”, que desarrolla la DIGEPEP.
También promoverá, en coordinación con las alcaldías,
jornadas de registro tardío y coordinará con la DIGEPEP y la Junta Central
Electoral talleres de capacitación a las juntas de vecinos y organizaciones
comunitarias de los municipios.
Mientras que las universidades firmantes establecerán
pasantías o prácticas a los estudiantes de las escuelas de Derecho para ayudar
a instrumentar expedientes de declaración tardía y dar acompañamiento a los
procesos.
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