El Ministerio de Salud, con la finalidad de reducir la
mortalidad materno-infantil, emitió este martes una resolución que define la
gravedad de las faltas y establece el régimen de consecuencias que se aplicaría
al personal de salud que por negligencia, incompetencia, negación de servicio o
ausencia injustificada se le compruebe algún vínculo con algún evento de esa
naturaleza.
El Reglamento también crea el Comité de Auditoría Clínica y
tipifica como de primer, segundo y tercer grados las faltas sancionables que
provoquen muertes maternas o infantiles o causen daño permanente a la madre o
al producto.
Al comparecer esta mañana en rueda de prensa, acompañada por
varios funcionarios, la Ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino explicó
que la reglamentación tiene su origen en análisis e investigaciones realizadas
por el Ministerio sobre las muertes maternas e infantiles sujetas a la
aplicación de los reglamentos para la vigilancia epidemiológica de la
mortalidad materna e infantil.
Motivada en uno de sus considerandos, la Resolución
establece que los resultados de las investigaciones y análisis a través de las
auditorías clínicas y otras pesquisas permiten identificar problemas de
carácter sistémico, institucional y personal, de los cuales el último se
relaciona directamente con el desempeño del personal de salud en las redes de
servicios.
Guzmán Marcelino afirmó que el análisis de la evitabilidad
de muertes maternas e infantiles en la República Dominicana refleja una alta
responsabilidad del personal de salud directamente involucrado en la atención,
así como en el personal gerencial de la red pública de servicios de salud, de
los centros privados, asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y otros, en la
ocurrencia y prevención de esos eventos.
Agrega que entre las principales medidas que son
recomendadas se incluyen aquéllas dirigidas a corregir o prevenir las faltas en
que incurre el personal de salud, que podrían tener como consecuencia directa o
indirecta la muerte materna y/o infantil.
Negación de servicios por incapacidad de pago de los
pacientes, negligencia en el desempeño, ausencia no justificada en servicio,
incompetencia profesional, impericia, empleo de personal de salud sin
competencia para el desempeño; y reincidencia en cualquiera de ellas son
algunas faltas que, en ejercicio de su rol rector son clasificadas como de
primer, segundo y tercer grados por el Ministerio de Salud en la Resolución.
Entre otras faltas de tercer grado contempladas figuran no
reportar o notificar las muertes
materna e infantil al sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE) dentro de los plazos fijados por la normativa vigente,
no aplicar las sanciones contempladas, falsificar, sustraer o no registrar
adecuadamente la documentación clínica, así como solicitar pago por servicios
prestados no estipulados, que conlleve algún daño para los usuarios.
La resolución cuya parte dispositiva está integrada por 13
artículos o dispositivos tiene como marco jurídico, entre otras, las leyes
General de Salud (42-01) Ley Orgánica de Administración Pública (247-12) de
Función Pública y que crea el Ministerio de Administración Pública (41-08) y la
(87-01) que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Además es motivada en la necesidad del Estado dominicano de
cumplir compromisos contraídos internacionalmente en 2012 para alcanzar los
objetivos del desarrollo sostenible, en el marco de la Agenda 2030.
Las penalidades por violación a la Resolución, que es de
aplicación obligatoria por todos los centros de salud públicos, las clínicas
privadas y de las instituciones sin fines de lucro incluyen
suspensión por 90
días al personal y suspensión de la habitación por igual tiempo al
establecimiento de salud que cometa falta que se vincule a muerte materna y/o
infantil.
La pieza establece sanciones a los médicos residentes que
los que se les comprueben vínculos con esos eventos. Cuando la investigación
concluya en que la falta es de segundo grado, la sanción administrativa será la
suspensión del disfrute de sueldo, no así ausentarse del área debido a su
estatus académico. En el caso de que la investigación concluya en que la falta
es de tercer grado, el informe de la investigación será presentado a la
instancia correspondiente del programa de residencia médica, para la toma de
medidas pertinente.
Este Comité quedó conformado por el viceministro de Salud
Colectiva, director de Gestión de Salud de la Población, director de Salud de
la Familia, director Materno-Infantil y
Adolescentes, director de Monitoreo y Evaluación de la Calidad, director del Instituto
de Patología Dr. Sergio Sarita Valdez y director Jurídico.
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