El gobernador del estado de Bolívar, Justo Noguera, dijo el domingo que una comisión del Ejército repelió el ataque que, según medios locales, ocurrió el sábado en la mina Cicapra, en la ciudad de Guasipati, ubicada a 825 kilómetros de Caracas. Entre los muertos había una mujer.
Más tarde, un diputado opositor de la Asamblea Nacional dijo que familiares afirman que los mineros “murieron con tiros en la cabeza”, por lo que pidió “profundizar una investigación”.
En 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó una vasta área del estado como una zona estratégica denominada Arco Minero -con importantes yacimientos de oro, diamantes y coltán-, argumentando que había que acabar con la minería ilegal, que ha desatado la violencia entre bandas rivales por el control de las minas y ha dejado graves daños ambientales.
En un intento por conseguir fondos para compensar una caída de los ingresos petroleros, que agudizó la crisis económica y social en el país, el Gobierno dijo que convocó a decenas de empresas locales y extranjeras para explorar y explotar el área y generar otra fuente de recursos, pero reportes de prensa y opositores políticos han denunciado que lejos de organizar la minería, las bandas han ganado cada vez más poder y han creado una red delictiva que ha corrompido las débiles instituciones.
Medios locales también informaron que los efectivos del Ejército incautaron fusiles, explosivos y municiones.
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