La presidente de la Cámara Penal de Corte de Apelación del Departamento
judicial de San Cristóbal,
María G. Garabito Ramírez, consideró seria, honesta
y cumplidora de su deber a la jueza que otorgó los permisos a reclusos
objetados por la Procuraduría General de la República.
En una carta con la que acompaña el informe rendido por la
magistrada Katerine Arletty Rubio Matos sobre el porqué de los permisos
concedidos, la doctora Garabito Ramírez atribuye al ministerio Público intenciones
de hacer saltar a esa magistrada porque alegadamente no la ha podido narigonear.
Dijo que contrario a lo que dice, los Centros Penitenciarios
manejados por parte del Ministerio Público son “un monumento al desorden, a la
negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo
que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar
los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos”.
A continuación la carta de la doctora Garabito Ramírez:
“INFORME SOBRE LOS
PERMISOS OTORGADO POR LA JUEZ INTERINA DEL TRIBUNAL DE EJECUCION DE LA PENA DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL
Buenos días Magistrado Justiniano, espero que el Dios en el
que confiamos le continúe bendiciendo y proporcionándole la inteligencia la
disciplina y dedicación al trabajo necesarias para continuar ofreciendo sus
mejores servicios al Poder Judicial, como hasta ahora lo ha hecho.
Magistrado, le escribo en ocasión de remitirle el informe
que a su vez me rindiera la Juez Interina del Tribunal de Ejecución de la Pena
de este Departamento Judicial, raíz de una publicación en medios de
comunicación promovida por la Procuraduría General de la República
exageradamente cruel, dañino, inexacta, mendaz
y plagada de malicia. Que más que una noticia parece un plan para hacer
“saltar” a la Juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como
pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me
refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este
Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales.
No tengo conocimiento de los tipos penales por lo que fueron
juzgados y condenados las personas que resultaron beneficiadas con permisos,
pero si puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan y de
manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse
disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo; que la juez duro
aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios,
quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República los
expedientes de los internos a quienes se les iba a conceder los permisos.
Sin embargo sorpresivamente sale esta noticia, precisamente
un sábado en la noche en que el pueblo dominicano se encontraba recogido
celebrando en paz la llegada del año nuevo, pero antes ese mismo sábado en la
noche encontrándome con mi esposo interno en la clínica Real de esta ciudad, me
llama la Procuradora General ante esta Corte para dramatizarme sobre lo
sucedido, cuando ya sus planes estaban en marcha.
Hasta el día de hoy,
confío plenamente en la Juez que está al
frente de ese Tribunal, por su integridad y correcto proceder. No comprendo la
actitud del Ministerios Publico ante acciones correctas y legitimas. Hago esta
defensa porque se de la importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto
y cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al
descredito personal e institucional y por el valor moral e institucional que ello
representa.
He observado el protagonismo con el que el Ministerio
Publico quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al
cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni
corresponde según lo dispone en la ley, sin embargo otorgan permiso al margen
del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por
el caso Paya- Bani, señor LUIS LARA, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo
de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la
participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas
sean posteriormente legalizadas o justificadas.
Hago de su conocimiento que la juez que actualmente está
como interina en dicho Tribunal conoce la legislación y la aplica por lo que se
le ha hecho difícil al Ministerio Publico y a otros actores “narigonearla” o
ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la
vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora,
independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y
los procedimientos.
Le solicito una Inspectoría judicial, para que mis palabras
no queden al viento y pueda comprobar el manejo de la misma. Asimismo me
reitero a su orden para sostener una reunión con el presidente, la Jueza, Usted
y esta servidora para aclarar cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio
Publico para que diga en que consistieron las irregularidades denunciadas con
las que se ha querido sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial
y, nos las pruebe.
Para su conocimiento y fines de lugar le informo del mal
manejo en el orden administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del
Ministerio Publico, el cual deja mucho que desear, lo que conozco a
profundidad, por las reuniones de la mesa
multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de
justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al
desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y
absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje
de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines
específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al
sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.
Anexo el Informe de fecha 2 de Enero de 2018, suscrito por
la Magistrada Katerine Arletty Rubio Matos.
San Cristóbal, Rep. Dom., martes dos (02) de enero de 2018.
A sus órdenes siempre.
María G. Garabito Ramírez
Jueza Presidente
Cámara Penal de Corte de Apelación
Departamento judicial de San Cristóbal”
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