Participación Ciudadana consideró razonable la solicitud de
extensión de plazo que hace la Procuraduría General de la República para
concluir y presentar actos conclusivos contra las personas imputadas por el
escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Mediante documento la entidad de la sociedad civil afirma
que como se esperaba, la Procuraduría ha solicitado una extensión del plazo
para completar la investigación de los hechos “que se han tornado por las
circunstancias que los rodean de difícil reconstrucción material”.
“Frente a la complejidad del caso, es razonable la necesidad
de la prórroga ante la confesión del Ministerio Público de que aún no está
listo para presentar acusación. Sin
embargo, las actuaciones de Procurador General de la República se comparan con
otras acciones procesales de otros países, donde ya se cuentan con condenas
incluso hasta de un vicepresidente de la República”, expresa.
Indica que “nueva vez manifiesta el órgano acusador su
dificultad de reconstruir los hechos
materiales de los actos de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht,
reconocimiento que desacredita no sólo el caso más importante del país, sino la
labor de los fiscales, y fomentan las posiciones de aquellos que creen que se
trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad”.
La entidad entienden que la cooperación jurídica
internacional es determinante para la reconstrucción material de los hechos,
pero hay que recordarle al Ministerio Público que el tiempo se está
convirtiendo en el peor enemigo de sus actuaciones, y que debe activar otras
diligencias e incluir a los reales responsables que aún no han sido
identificados pero que es notoria la necesaria inclusión de otras personas que
han tenido participación en los hechos investigados.
“Es ya conocido que entre el 2007 y 2015, se realizaron
transferencias por unos 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas
de Odebrecht a dos empresas del imputado Ángel Rondón, identificado por la
propia constructora como su representante y repartidor de sobornos a
funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por
un valor de 5 mil millones 957 mil 457 dólares”, agregó.
Participación considera que es preocupante que los documentos
recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que
tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de
impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha
exigido la Procuraduría General.
“Esta justificó el acuerdo alegando que el mismo “ayudaría a
obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios
sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el
acuerdo y el mismo sería terminado”. A la fecha, todavía no se conocen las
pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no hay
un claro entendimiento sobre lo prometido y no cumplido por la empresa
Odebrecht”.
Considera penosa la escasa "vocación" para
desentrañar este escándalo, ya que la propia Procuraduría General de la
República ni siquiera se ha referido a la instancia que presentó el Centro
Social Juan XXIII, Fundación Masada, Santiago Somos Todos y PC para que se investigue el destino de los 4
millones 396 mil dólares transferidos de empresas de Odebrecht en Perú a la
empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao
Santana y Mónica Moura, los asesores políticos del presidente Danilo Medina.
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