El Ministerio Público logró que fueran condenados 21
funcionarios, empleados y personas vinculadas a casos de corrupción con penas
de hasta ocho años de prisión y el pago de multas por montos que superan los
RD$100 millones, tras ser hallados culpables de delitos de corrupción.
La Procuraduría indica que las condenas corresponden a los
casos del Ministerio de Hacienda, Seguro de los Maestrios, Programa Reducción
de Apagones, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, alcaldías
de San Francisco de Macorís y San Cristóbal, así como a las juntas distritales
de Cabarete y La Bija, de Cotuí.
Asimismo señaló, que como nunca antes visto han sido
sometidas decenas de otros funcionarios y ex funcionarios de altísimo rango
para que respondan ante la justicia en procesos que se encuentran en curso sin
importar los gobiernos ni partidos que hayan pertenecido los mismos.
La institución indicó que las sentencias condenatorias
fueron emitidas este año en diferentes tribunales del país por los delitos de
desfalco contra el Estado, prevaricación, coalición de funcionarios y
asociación de malhechores.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo
que seguirán duplicando los esfuerzos en interés de lograr una mejor
administración de los fondos públicos, fomentar el establecimiento de una
cultura de transparencia y fortalecer cada vez más la lucha contra la
corrupción en el país, esperando que el Poder Judicial haga también su parte.
Una de las condenas, señala la institución, fue la impuesta
por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal en contra del exalcalde de esta
provincia, Raúl Mondesí Avelino, quien fue sentenciado a 8 años de prisión y al
pago de una multa de RD$60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años
para ocupar cargos públicos.
Explica que junto a Mondesí el Ministerio Público también
logró que fueran sentenciados el exsecretario de dicha alcaldía, Bienvenido
Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados
a 7 y 6 años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la
inhabilitación por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente.
La institución señaló que por igual, tras acoger la petición
del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia de Santo
Domingo dictó una sentencia condenatoria de 5 años de prisión en contra del
exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Gullón, en tanto
que el ex encargado de nómina, Jerson Neris Lizardo Pérez, fue condenado a 8
años de reclusión.
Indicó que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional ratificó la condena de 3 años de prisión y el pago de una
multa de RD$500 mil en contra de los encartados en el caso del Seguro Médico
para Maestros (SEMMA) Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y
Bélgica Olga Díaz Moreno.
Con relación al caso del Programa de Reducción de Apagones
(PRA), indicó que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación
del Distrito Nacional ratificó una condena de 3 años de prisión y el pago de
una multa de RD$500 mil en contra del exdirector de esa entidad, Marcos Lara
Lorenzo, y de 2 años de prisión y el pago de una multa de RD$250 mil en contra
de Sauris Rodríguez Sánchez y Juan Portalatín Castillo.
En otra decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación
de Puerto Plata condenó a los exdirectores de la Junta Distrital de Cabarete,
Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe, quienes fueron sentenciados a
2 años de reclusión menor y al pago de una multa equivalente a los valores
desfalcados, ascendentes a RD$831,226.00 y RD$910,297.00 a favor del Estado
dominicano.
Se recuerda que gracias a las diligencias del Ministerio
Público, se logró que dicho tribunal revocara una decisión del Tribunal
Colegiado de Puerto Plata mediante la cual los imputados habían sido
descargados de los delitos de prevaricación y desfalco.
El organismo persecutor igualmente indica que la Cámara
Penal de la Corte de Apelación de La Vega ratificó una condena de 3 años de
reclusión en contra del exalcalde de la Junta Distrital de La Bija, de Cotuí,
Jesús Jiménez Castro.
De igual manera, precisó que contra el exdirector y la ex subdirectora
del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, Sergio
Tulio Suncar Liriano e Isabel María Soto Santana, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia ratificó una decisión del Segundo Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional que lo condena a 7 años de prisión e igualmente condena al
empleado de esa entidad Ángel José Castro a 5 años de reclusión.
La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría
General, indica que la institución también obtuvo sentencias condenatorias en
contra del exdirector del Departamento de Edificaciones Escolares de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del ex coordinador de
la Dirección Técnica de esa entidad, Alejandro Isidoro De Los Santos y Joel
Soriano Fabián, quienes fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional a seis y cinco años de prisión, respectivamente.
En torno a ese mismo caso de OISOE, detalló que el tribunal
también condenó a 5 años de reclusión a los imputados Ernesto Romero y el
abogado Julio Rafael Pérez Alejo, éste último quien fue identificado como “El
hombre del maletín” o “El hombre de los anillos”, y que aunque no laboraba para
esa entidad, tenía a cargo la entrega del dinero prestado a contratistas para
el avance de la construcción de las obras.
La Procuraduría destaca que se lograron decisiones favorables
como resultado de las instrucciones dadas por el magistrado Jean Rodríguez al
Ministerio Público para reabrir y darle continuidad a casos que se encontraban
en un letargo a varios años de haberse iniciado el proceso judicial.
Destaca en ese orden, las citadas condenas de 3 y 2 años de
prisión y el pago de multas impuestas a solicitud del Ministerio Público en
contra de los encartados en el caso del Programa de Reducción de Apagones
(PRA).
Igualmente, expresa que tras varios años de haberse iniciado
una investigación contra el exdirector del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y otras seis personas
involucradas de la malversación de RD$1,500 millones y US$56,479,038.41 de esa
institución, el Ministerio Público logró que se dictara apertura a juicio en su
contra.
Junto a Rodríguez Pimentel también fueron enviados a juicio
de fondo por su vinculación al caso, Príamo Méndez Cuesta, Manuel De La Cruz
Martínez, José́ Antonio Pérez Jiménez, Fior D’ Aliza del Carmen Ares Salazar,
Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz.
El Ministerio Público además logró este año apertura a
juicio en contra de los inculpados José Mercedes Martínez Emeterio, Willis
Alberto Vilorio Sarante y Basilia Castillo Espinal, en su calidad de alcalde,
extesorero y esposa del exalcalde de Las Terrenas.
Además, fueron enviados a juicio de fondo el exalcalde del
municipio cabecera de la provincia de La Romana, Juan Antonio Adames, y los
extesoreros del cabildo, Rafael Rocha y Remigio Pilier.
Está igualmente en fase de apertura a juicio el caso de
desfalco de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional
(FODEARTE) en el que está involucrada Octavia Angélica Medina.
Al exponer las acciones que lleva a cabo para perseguir y
procurar sanción en los casos de corrupción, la Procuraduría precisa que
presentó acusación en contra de los involucrados en los US$3.5 millones de
dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para
obtener los contratos de venta de ocho aviones Super Tucano.
En ese expediente figuran como imputados el exsecretario de
las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel de la Fuerza
Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini, así como Daniel Aquino Hernández,
Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu, Félix del Orbe, y las empresas Embraer,
4D Group y Magicorp.
La entidad del Ministerio Público a cargo de la persecución
de la corrupción señala finalmente que mantienen distintas medidas de coerción
los 14 implicados en los US$92 millones dólares que la empresa brasileña
Odebrecht admitió que pagó para obtener contratos de obras en el país.
Resalta que en un hecho sin precedentes y actuando de forma
responsable, las medidas de coerción fueron solicitadas e impuestas a Ángel
Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Andrés
Bautista, Temístocles Montás, César Sánchez, Máximo De Óleo, Radhamés
Segura, Roberto Rodríguez Hernández, Bernardo Castellanos, Julio César
Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
La institución resaltó que dentro del rol del Ministerio
Público en materia de corrupción administrativa, el año 2017 ha sido el año de
mayor cantidad de condenas, más sometimientos y logro de medidas de coerción a
funcionarios y exfuncionarios de relevancia en la historia de la República
Dominicana, lo que marca el inicio de un cambio en el fortalecimiento
institucional.
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