El Ministerio de Energía y Minas remitió al Poder Ejecutivo
el anteproyecto de ley de la Minería, una iniciativa consensuada que promueve
una mayor participación del Estado en la riqueza extraída sin desmedro de la
rentabilidad de la empresa privada en un modelo ganar-ganar.
“Esta es una apuesta histórica, sin precedentes, por un
modelo minero que apunte a explotar las riquezas del subsuelo en forma racional
y a ganar sin expoliar”, proclamó el ministro Antonio Isa Conde.
Desde septiembre el Ministerio ha estado socializando el
texto con actores empresariales, industriales, sociales y académicos en
coloquios y un foro web.
En estas consultas se recibieron 1,150 observaciones,
comentarios, propuestas y sugerencias que han sido útiles para elaborar un
anteproyecto de ley consensuado y completo para impulsar el desarrollo
sostenible de la actividad extractiva.
El anteproyecto, concebido sobre los pilares de la minería
sostenible y socialmente responsable, contempla la creación del Sistema
Nacional de Distribución de la Renta Estatal Minera.
Ese sistema tiene por objetivo gestionar de manera eficiente
y transparente dicha renta o proporción de ella para financiar proyectos de
desarrollo sostenible en el país, así como procurar que los beneficios de la
actividad minera se distribuyan equitativamente entre las empresas, el Estado y
las comunidades.
La iniciativa “contiene todas las disposiciones necesarias
para que los derechos soberanos del Estado dominicano sean ejercidos impulsando
el desarrollo sostenible del sector minero nacional metálico y no metálico.
Con el proyecto se cumple “con las exigencias necesarias en
materia de sostenibilidad, precaución, prevención, eficiencia, vigilancia,
juridicidad, transparencia y rendición de cuentas”, según se explica en la
carta de remisión al presidente Danilo Medina y al consultor jurídico de la
Presidencia, Flavio Darío Espinal.
El anteproyecto incluye los temas del marco institucional
minero, las normas relativas a los títulos habilitantes, licencias y
concesiones, régimen de nulidad, caducidad, extinción de derechos, el régimen
fiscal y económico, la protección del ambiente, el plan de cierre y el régimen
de infracciones y sanciones para esta industria.
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