La Unión Empresarial Dominicana (UED) reclamó de las
autoridades someter a la justicia a los transportistas, detenidos la mañana de
este lunes en Montecristi tras bloquear, con camiones y cadenas por varios días
el acceso a una mina desde donde se extrae material de construcción en la
comunidad de Hatillo Palma de ese municipio.
Diorys Pol, presidente de la UED dijo que ya es hora de que
las autoridades pongan fin al chantaje y el monopolio que se ejerce desde el
mal usado escudo del sindicalismo y de aplicar el peso de la ley contra quienes
por decenas de años han violado la Constitución y leyes del país, al igual que
sentencias.
Explicó que como consecuencia de esa acción las empresas
miembros de la UED en la Línea Noroeste están impedidas de terminar la
edificación de varias obras de impacto positivo en la zona como son la
reconstrucción del tramo carretero Duarte - Castañuela – Cruce Las Matas de
Santa Cruz, ampliación y recapeo de la carretera Guayubin - Cruce de La
Solitaria, - Villa Cinda y la
reconstrucción Camino Vecinal Copey - Proyecto Agrario - Caño Blanco.
Entre los choferes apresados en el lugar de los hechos se
encuentran Rafael Martínez, José Ramón Santo, Francisco Tejada Felipe, Rafael
Siriaco Peña, Juan de Jesús L. Rodríguez, Esaul Tejada Felipe, Porfirio
Gonzales Toribio y Celly Cruz, que de
manera violenta irrumpieron las labores de las referidas obras por ocho días,
habiendo reclamos ilegales y negándose a dialogar.
“Como nos hablan de seguridad jurídica, cuando situaciones
similares ocurren cada día en cualquier rincón del país”, agrego el presidente
de la UED, al denunciar que en otras ocasiones la Policía ha apresado a los
choferes y los ha dejado en libertad de manera irregular.
Explicó que la situación de monopolio que impera en el
negocio de la carga pesada incrementa el costo de la producción hasta en un 50
%, que finalmente lo paga el
consumidor y el gobierno.
Antecedentes
En su artículo 50, la Constitución de la República plantea
la libertad de empresa y la prohibición
de los monopolios
“El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e
industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas
en esta Constitución y las que establezcan las leyes.
No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado.
La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado
favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que
fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio
y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los
casos de la seguridad nacional….”
Mientras que en diciembre del 2016 la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional ordenó a las
instituciones civiles y militares del Estado acabar con el monopolio existente
en el país en el transporte de carga y de pasajeros.
Los jueces determinaron que con el incumplimiento de las
leyes que prohíben el monopolio se afectan derechos fundamentales, tales como
el derecho a la libre empresa, la facultad que tienen los ciudadanos de retirar
cargas en sus vehículos en los puertos y aeropuertos, la libertad de tránsito y
el derecho al trabajo, en detrimento de un sin número de ciudadanos y del
propio Estado.
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En la sentencia ordenaron al Ministerio de Trabajo, a la
Policía, al Ministerio de Interior y Policía, a la Oficina Técnica de
Transporte Terrestre y al Ministerio de Turismo hacer cumplir las leyes
antimonopólicas.
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