El procurador general de la República, Jean Rodríguez, manifestó
su rotundo desacuerdo con la decisión emitida este martes por la Segunda Sala
Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de mantener en libertad
condicional bajo garantía económica al ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz
Rúa y al empresario Ángel Rondón Rijo, implicados en los sobornos que la
empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para asegurar contratos de obras
estatales.
El máximo
representante del Ministerio Público expresó que la indicada resolución emitida
por el tribunal de alzada es injustificable porque no han variado en nada los
presupuestos que dieron origen a que el pasado 8 de julio esos mismos jueces
ratificaran la prisión preventiva para ambos encartados.
El procurador general señaló que en el recurso de apelación
los fiscales a cargo del caso Odebrecht presentaron suficientes elementos para
que sin vacilación el tribunal retornara a la cárcel a Díaz Rúa de donde jamás
debió haber salido. De igual manera, con Rondón Rijo, sobre todo, porque la
estadía en libertad de ambos representa un gran riesgo para la ampliación de
las investigaciones que se están llevando a cabo.
“La Procuraduría no favorece ese comportamiento, y objeta
absolutamente la medida que lo facilita y las motivaciones que han impulsado la
decisión de hoy; la misma es totalmente incongruente con nuestros propósitos de
hacer justicia. Esta institución, nuestro equipo y los fiscales a cargo estamos
haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que se incentiven las
percepciones de permisividad e inacción y que de una vez por toda sean
erradicados de la sociedad dominicana; especialmente en los actores políticos y
sus vinculados directa o indirectamente” expresó.
Mediante la declaración, el procurador general hizo un
llamado a la ciudadanía para que mientras se aproxima el momento de aplicar las
consecuencias que corresponden frente a los actos de corrupción, los ciudadanos
de bien reaccionen con su rechazo.
Tras conocer la apelación presentada por el Ministerio
Público, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), decidió
mantener a Rondón Rijo y Díaz Rúa las medidas de coerción
consistentes en garantías económicas por montos de RD$70 y RD$50 millones,
presentación periódica e impedimento de salida del país, respectivamente.
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