La directora ejecutiva de Participación Ciudadana reclamó
a los legisladores cumplir con su función de legislar y de control y fiscalización de los fondos
públicos en representación del pueblo dominicano.
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| Licenciada Rosalía Sosa Pérez |
La licenciada Rosalía Sosa Pérez demandó, además, sentido común al momento de decidir sobre los
topes de US$100,000 asignados en el Presupuesto Nacional a la exoneración para
la importación de vehículos, tope rechazado por los legisladores por
considerarlo “derechos adquiridos”.
Indicó que los derechos adquiridos pueden ser revertidos
cuando se desvirtúa la razón de ser por el cual se originaron los mismos en
vista de que la exoneración nunca se aprobó para la compra de vehículos de
lujo.
Agregó que también se pueden revertir esos derechos cuando
van en detrimento del bien común, de la confianza legítima y la seguridad
jurídica de la sociedad dominicana.
La profesora universitaria expresó que los derechos
adquiridos representan un beneficio real y consumado. “No es un beneficio
antojadizo ni particular ni mucho menos con fines de lucro como es el caso de
los vehículos de lujo que adquieren nuestros legisladores a cargo de los
impuestos que pagan los ciudadanos”.
Sosa Pérez recordó que Participación Ciudadana interpuso
una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia el 2 de
septiembre del 2010 contra la Ley No. 57-96, que exonera a los legisladores del pago de los
impuestos de importación de vehículos de lujo en perjuicio del Estado
dominicano y en franca violación de la Constitución.
La referida acción fue traspasada al Tribunal
Constitucional por la Suprema Corte de Justicia el 31 de enero del 2012. Por tal motivo, la organización de la
sociedad civil reintrodujo la acción de inconstitucionalidad el 2 de septiembre
del 2012 y hasta la fecha no ha recibido respuesta del alto tribunal
constitucional.
Para la organización de la sociedad civil constituyen
irritantes los privilegios con que cuentan los legisladores a costa de los
impuestos que pagan los ciudadanos. “Nos cargan las exoneraciones de vehículos
de lujo, el barrilito, el cofrecito, las canastas y los bonos navideños, los
reyes, las madres, las ayudas mensuales
y especiales, erogaciones que no tienen que ver absolutamente con su función
constitucional de legislar”, puntualizó Sosa Pérez.
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