UTAH. El representante de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) en República Dominicana, Miguel Franjul, presentó durante la 73a
Asamblea General un informe sobre la situación de la prensa en el país.
Entre los puntos expuestos figura la denuncia de la
organización no gubernamental “Participación Ciudadana” de que instituciones
del Gobierno y los partidos políticos están imponiendo trabas al cumplimiento
de la ley general de libre acceso a la información pública.
En otro orden, Franjul denunció que periodistas y
camarógrafos siguen siendo afectados por atropellos físicos, irrespetos y
amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
“En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas
y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora
televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió
hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de
haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte”, dice el informe.
También se hizo constar la preocupación de la Sociedad de
Diarios Dominicanos sobre la actitud de los funcionarios frente a la prensa.
A continuación el informe íntegro presentado por Miguel Franjul ante Asamblea:
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| Miguel Franjul al presentar su informe ante SIP |
En un comunicado conjunto publicado esta misma semana, los
principales ocho diarios dominicanos denunciaron que se han dado casos de
maltratos a periodistas cuando tratan de acercarse al Presidente de la
República y que en otras ocasiones la seguridad del Jefe de Estado mantiene a los
periodistas lejos del mandatario y sin permitirles moverse a otros lugares.
Los diarios reclamaron que se respete el derecho a la
pregunta, un principio sagrado que suele observarse con rigor en las sociedades
ya que permite al periodista trasmitir a los funcionarios, en un intercambio
libre y directo, las inquietudes y las palpitaciones que recoge de los
ciudadanos y hacer efectivo el diálogo entre gobernantes y gobernados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que agrupa a sus
miembros, todos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, exhortó a los
funcionarios a ser más abiertos y comunicativos sobre las responsabilidades que
tienen a su cargo ante los medios de comunicación y sus periodistas en ruedas
de prensa y entrevistas, principalmente, como una manera de rendir cuentas, de
orientar y de ejercer lo que en ciencias políticas se ha llamado “la pedagogía
del poder”.
En respuesta a las quejas de los diarios, la dirección de
comunicaciones de la Presidencia emitió otro en el que asegura que el gobierno
es “plenamente consciente de su obligación de informar a la sociedad dominicana
y, en consecuencia, ha respondido siempre de forma oportuna y serena a los
temas de interés nacional, a través de la prensa y de todos los medios de
difusión a nuestro alcance”.
Al mismo tiempo, publicó un listado de 950 entrevistas dadas
por funcionarios gubernamentales en lo que va de año en programas o paneles de
radio y televisión, en medios impresos y en situaciones ocasionales.
En el contexto de este ambiente de preocupaciones sobre la
libertad de prensa gravitan también dos iniciativas que pretenden introducir
por vía legislativa algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del
periodismo y regularían el uso de las redes sociales en campañas electorales.
Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión
bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de
comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la
intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen
vigentes en el Código Penal dominicano.
De igual modo, diferentes partidos políticos agrupados en el
llamado Foro Permanente de Partidos Políticos presentó una solicitud ante la
Junta Central Electoral, máximo tribunal de elecciones del país, para que
regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones
generales del 2020. La idea es que esta propuesta sea incluida en la nueva ley
electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció contra el
intento de imponer limitaciones a la libertad de prensa y expresión y designó
una comisión de juristas para discutir, con los miembros de la comisión
bicameral del Congreso, los aspectos que objeta en los referidos anteproyectos
de leyes.
Respecto al escenario en que desarrollan su oficio los
reporteros de diarios, canales de radio y televisión, este sigue siendo
afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de
muerte por parte de autoridades y civiles.
En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y
camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora
televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió
hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de
haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte.
La productora Claudia Perez Ramirez, apodada La Tora, fue
acusada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una
agencia del gobierno, de proferir palabras y expresiones groseras, vulgares,
obscenas y discriminatorias contra el presidente de la República y el
Procurador General en su programa “Eficiencia social” del canal 45 Teleradio
América.
Al mismo tiempo, la entidad emplazó a todos los
propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes
canales y programas televisivos a regularizar la transmisión de contenidos.
Pocos días después también prohibió hablar durante 20 días en
la radio al comentarista Álvaro Arvelo Hijo, del popular programa “El gobierno
de la Mañana” de la estación Z-101, por expresiones que se consideraron
injuriosas e irrespetuosas contra uno de los fundadores de la nación
dominicana.
El Instituto Duartiano, que custodia la memoria del
patricio, sometió formalmente a la justicia al periodista Arvelo, bajo los
cargos de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la
Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Por otra parte y como signos de un retroceso y un obstáculo
al derecho de la información, la organización no gubernamental “Participación
Ciudadana” denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley
general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de
vigencia.
Según Participación Ciudadana, ningún partido político
cumple con el mandato de dicha ley, un número importante de instituciones no
publican la nómina oficial en formato claro, actualizado y con datos confiables
y entendibles, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos
cerrados, no reutilizables.
Igualmente, PC se quejó de que las instituciones públicas
limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones y propuso
la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y
competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y
difusión del derecho de acceso a la información pública.
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