El
Consejo del Poder Judicial (CPJ) encargó al Juez Coordinador de los Juzgados
de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, para conocer de
todas las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes
provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
 |
| Fachada del edificio de la Suprema Corte de Justicia |
También
designó como enlace en representación del Poder Judicial de la República Dominicana
a la magistrada Kenya Scarlett Romero, Juez titular del Séptimo Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, para todo lo referente en las mesas
multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
puntualmente ante el grupo de Latinoamérica GAFILAT.
La
medida del órgano de gobierno del Poder Judicial fue dada en virtud de las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la
Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus
reglamentos.
La
decisión está contenida en la Resolución núm. 24/2017 del CPJ, para la
ejecución de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El
CPJ ordena que la disposición sea comunicada a todos los Juzgados de la
Instrucción, Tribunales y Cortes de Apelación Penales, al Procurador General de
la República, a la Dirección General de la Carrera Judicial, al Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a la Unidad de
Análisis Financiero y al Comité Nacional Antiterrorista.
Argumentó
que el artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a los
jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley
requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio,
dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y
sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.
También
que los magistrados José Alejandro Vargas y Kenya Scarlett Romero poseen las
experticias en el tema Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus
reglamentos.
El
CPJ considera que República Dominicana está comprometida con la preservación de
la seguridad nacional y la necesidad de luchar contra el terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones.
Asimismo,
afirma que la nación es compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las realizadas por el Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para prevenir y combatir el
lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y
financiamiento al terrorismo.
Plantea
también que la Convención Interamericana contra el Terrorismo tiene por objeto
prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través de medios compatibles con
la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.
De
igual modo, que la lucha antiterrorista
debe concebirse con un alto grado de eficacia y discreción, para que afecte lo
menos posible el desenvolvimiento del comercio, la empresa y el turismo, así
como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El
Poder Judicial considera que el terrorismo y su financiación constituyen un
flagelo delictivo de última generación que corroe la sociedad, constituye un
desafío a la estabilidad internacional, donde se advierte un panorama de alta
peligrosidad, por lo que mantener un escenario de colaboración a los órganos
que combaten esos males, es tarea de primer orden, que constituye un compromiso
país razonable.
%20Presi%20dente%20,%20se%20dirige%20a%20los%20profesion%20ales%20de%20la%20medicina%20presentes.JPG)
No hay comentarios
Publicar un comentario