Al participar en el Panel I, “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, del I Seminario Nacional ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, sostuvo que la nueva normativa coloca al país en mejores condiciones para enfrentar las conductas que afectan los recursos del Estado.
“Este catálogo de delitos que buscan preservar (…) la buena gestión pública, la buena gestión de los recursos económicos del Estado, es un paso importante, un paso de avance importante”, expresó.
Rojas León explicó que la reforma conserva figuras tradicionales e incorpora nuevos delitos como respuesta a las distintas formas de defraudación de los bienes públicos. En su exposición, señaló que ese fortalecimiento amplía las herramientas para proteger la administración pública y enfrentar prácticas contrarias a la transparencia.
La corrupción afecta directamente a la ciudadanía
El jurista destacó que los efectos de la corrupción trascienden el perjuicio económico al Estado y recaen sobre las personas, particularmente cuando se desvían recursos destinados a servicios esenciales.
“Cuando hablamos de corrupción a nivel global, se tiene la idea de que cuando se comete un acto de corrupción, el sujeto pasivo es el ciudadano”, manifestó, al mencionar el impacto sobre los fondos destinados a la salud y la educación.
Asimismo, explicó que en los actos de corrupción pueden intervenir tanto funcionarios como particulares, entre ellos comerciantes y empresarios, por lo que el análisis de estas conductas debe considerar la participación de quienes actúan desde fuera de la administración pública.
Entre las figuras abordadas, resaltó el tráfico de influencias, que describió como una práctica arraigada en la República Dominicana. Indicó que utilizar la condición de funcionario para procurar beneficios a favor de terceros afecta la transparencia y la honestidad de la gestión pública, incluso cuando esos beneficios no sean materiales.
Plantea cuestiones sobre interpretación y sanciones
Rojas León llamó la atención sobre el alcance de la transversalidad de la corrupción contemplada en el artículo 284. Según planteó, será necesario discutir cómo se relaciona esa disposición con los delitos especiales y si la imputación de alguno de ellos debe acompañarse también de la figura general de corrupción.
“En algún momento habrá que discutir qué quiso decir el legislador con lo de transversal”, señaló.
También sostuvo que, conforme a su lectura de la normativa, no todos los delitos de corrupción conllevan inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, una diferencia que consideró necesario examinar al analizar el conjunto de sanciones.
El expositor subrayó, además, la importancia de que los funcionarios conozcan el alcance de las nuevas disposiciones. Explicó que muchas de estas figuras contemplan varias conductas mediante las cuales puede configurarse el delito, lo que exige atención a su contenido y aplicación.
Durante su intervención, recordó su participación, junto con otros profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en las discusiones de la reforma penal desde alrededor de 2011.
El panel formó parte del seminario organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) para analizar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.
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