A solicitud del Ministerio Público, un tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el regidor Walky Cuevas Charles y la razón social W. Cuevas Autoimport, tras determinar que la acusación presentada en su contra por narcotráfico y lavado de activos se sustenta en elementos de prueba legales, útiles, pertinentes y suficientes para justificar su conocimiento en un juicio.
La decisión del Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís reconoce la suficiencia de la acusación presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y mantiene las medidas cautelares impuestas sobre los bienes de los acusados.
La acusación fue presentada por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con el procurador fiscal José Manuel Calzado y el procurador general de Corte de Apelación Pedro Medina Quezada. El fiscal Luis Alberto García Hernández brindó apoyo al equipo del Ministerio Público durante la litigación de la audiencia preliminar.
Durante el conocimiento de la audiencia, el equipo del Ministerio Público demostró la pertinencia de la acusación y solicitó que fueran admitidos los elementos de prueba testimoniales, documentales, periciales, procesales, materiales, financieros y digitales reunidos durante la investigación.
El Ministerio Público, también, requirió la apertura a juicio de los acusados y el mantenimiento de las medidas cautelares impuestas sobre sus activos, como lo dispuso la jueza Andrea E. Corcino Cueto, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera valoró la decisión como una confirmación de la solidez del trabajo desarrollado por el equipo del Ministerio Público.
“Esta decisión reconoce que la acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con elementos de prueba suficientes para ser debatida ante el tribunal de juicio. El proceso permitirá demostrar, mediante pruebas obtenidas conforme a la ley, la responsabilidad penal atribuida a los acusados y procurar las sanciones y consecuencias patrimoniales correspondientes”, expresó Nova Cabrera.
El caso
El pasado año la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís presentaron acusación formal contra Cuevas Charles y los otros integrantes de la red criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos encabezada por el ya condenado Yunior Santos Restrepo.
Junto a Cuevas Charles fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Anibal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Auto Import.
Mediante diversos productos bancarios el principal acusado colocó, reintegró y estratificó, en beneficio de la organización criminal, la cantidad de doscientos sesenta y cuatro millones ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos con sesenta centavos (RD$264,876,599.60) y la suma de un millón sesenta y tres mil seiscientos treinta y dos dólares con cincuenta y nueve centavos (USD 1,063,632.59). Los demás miembros de la red adquirieron bienes, convirtieron el dinero en activos presuntamente lícitos y participaban y organizaban las actividades de narcotráfico.
El 21 de septiembre de 2023 fue arrestado el cabecilla de la red, Yunior Santos Restrepo, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público. En ese operativo se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de su organización criminal.
Santos Restrepo fue condenado a 12 años de prisión. En cuanto a su pareja sentimental, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, fue condenada a 5 años de prisión y se ordenó el decomiso de todos los bienes ilícitos, que incluyeron altas sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas de fuego, joyas y relojes de alto costo.
Apertura juicio a regidor y empresa
Al ponderar la acusación y las objeciones formuladas por las defensas, la magistrada Corcino Cueto determinó que los hechos atribuidos a los acusados fueron descritos e individualizados de manera clara y detallada, con indicación de sus respectivos grados de participación y de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la imputación.
La jueza estableció que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, examinados de manera individual, conjunta y armónica, fueron obtenidos con observancia de las disposiciones procesales aplicables y guardan relación con el relato fáctico presentado en la acusación.
El tribunal también rechazó las solicitudes de exclusión de distintos elementos de prueba formuladas por las defensas, al considerar que estos cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad exigidos para su incorporación y discusión durante el juicio.
La jurisdicción de la Instrucción concluyó que la acusación posee fundamentos suficientes y que existe una causa probable que justifica el envío de los acusados a juicio oral.
Calificación jurídica admitida
Cuevas Charles será juzgado por la presunta violación de diversas disposiciones de las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
Por su parte, la empresa W. Cuevas Autoimport fue enviada a juicio por la presunta violación de los artículos 2, numeral 26; 3, numerales 1 y 3; 8 y 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17.
La resolución también acreditó los elementos de prueba que serán presentados y debatidos durante el juicio, entre ellos, declaraciones testimoniales, informes periciales, documentos financieros, actas de allanamientos, registros de vehículos, dispositivos electrónicos, objetos ocupados y otras actuaciones desarrolladas durante la investigación.
Mantienen medidas personales y patrimoniales
El tribunal renovó las medidas de coerción impuestas a Walky Cuevas Charles, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica, así como las medidas cautelares de secuestro, incautación, oposición a traspaso o entrega e inmovilización de fondos que pesan sobre los activos de los acusados.
%20Presi%20dente%20,%20se%20dirige%20a%20los%20profesion%20ales%20de%20la%20medicina%20presentes.JPG)
