La Coalición por la Seguridad Social Digna, conformada por las organizaciones gremiales, sociales, barriales, comunitarias y ciudadanas firmantes, hicieron un llamado a realizar una reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social, centrada en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de la población a la salud, las pensiones justas y suficientes y la protección social plena.
Las 44 firmantes señalaron que la reforma integral de la Ley 87-01 está pendiente desde 2020, y pese al funcionamiento de dos comisiones bicamerales en el Congreso Nacional y una Mesa de Diálogo convocada por la Presidencia de la República, ha sido imposible que se cumpla el mandato de transformar el Sistema Dominicano de Seguridad Social para garantizar los derechos de las personas.
Las organizaciones Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), Asociación Ciudad Alternativa, Asociación de Agropecuarios del Valiente (ASODEVA),Asociación de Envejecientes del Municipio de la Caleta, Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana, Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO), Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES-RD) y Articulación Nacional Campesina, aseguraron que, en el centro de esta situación, se encuentran los intereses y las maniobras de las ARS y las AFP, en conjunto con la estructura de poder financiero.
Sostienen que estas ya han absorbido más de 130,000 millones de pesos de la seguridad social, y han conseguido un enorme poder económico y político, y una potente captura institucional, para lograr que ningún cambio les afecte sus perspectivas de acumulación y ganancias.
La Coalición llamó al país a estar alerta al proyecto de reforma anunciado por el Presidente de la República, toda vez que se ha filtrado una propuesta elaborada por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la cual profundiza y radicaliza el régimen de negación de derechos, abuso, sufrimiento y despojo que imponen los intereses y negocios que se han adueñado de la Seguridad Social.
A igual pronunciamiento se adhieren el Bloque de Organizaciones del Gran Valiente, Centro de Promoción Campesina Lemba, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Club María Auxiliadora, Comité de Desarrollo Comunitario Agua Dulce, Comité de Desarrollo Comunitario Villa María, Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para Gabinete de Políticas Sociales y Consejo Desarrollo de la Caleta (CODECO).
En ese sentido, aseguran, el proyecto de SIPEN y SISALRIL, según se ha filtrado y hemos podido estudiar, elevan a casi un 30% del salario las cotizaciones; consagra la desprotección en pensiones, sin derecho a una tasa de reemplazo definida; eleva la edad de retiro y el número de aportaciones; instaura la compraventa de cotizaciones; privatiza la administración de datos e información del sistema a favor de empresas particulares; otorga a las AFP el derecho a invertir nuestros fondos de pensiones afuera del país, mientras deja a las personas con discapacidad con pensiones de miseria, así como a los dominicanos y dominicanas que nunca pudieron contribuir producto de un modelo económico deshumanizado y excluyente.
Asimismo, mantiene la negación de derechos a través del conocido “plan básico” en tratamientos y medicamentos, despoja a SENASA de las cotizaciones de los empleados públicos, y finalmente consagra por ley la destrucción de los servicios públicos de salud y la mercantilización total de los recursos tanto de SENASA contributivo y SENASA subsidiado.
En ese sentido, la Coalición exige que se conozca de manera transparente y democrática todos los proyectos, y que, si el Poder Ejecutivo y Legislativo se encuentran amarrados de manos, convoquen a un referéndum popular para lograr una reforma a la Ley No. 87-01 que responda realmente a las necesidades de toda la sociedad y no a los intereses de los grupos de poder.
En ese aspecto, las organizaciones como el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Coalición Ambiental del Noroeste, Coordinadora Popular Nacional (CPN), Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, Coophabitat, Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), Escuela Multitemática, Frente de Desarrollo Comunitario Luz Concepción, Frente de Desarrollo Comunitario El Caliche, Federación Sindical Mundial (FSM), Federación de Juntas de Vecinos de Sabaneta, Santiago Rodríguez, Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID), Foro Interbarrial Permanente (FOINPER) y Fundación Expresión Arte Salud y Género (FEARSAGE), resaltan estas prioridades.
La Coalición por la Seguridad Social Digna enfatiza la necesidad de instaurar un Sistema de Pensiones solidario y justo con tasas de reemplazo definidas para toda la población; Salud integral y universal, sin plan básico restrictivos, ni copagos, gestionado por un Seguro Nacional de Salud (SENASA) moderno y fortalecido, que a su vez proteja a los servicios públicos de salud; Protección total ante enfermedades graves y de alto costo; Defensa del auxilio de cesantía y creación de un Seguro Nacional de Desempleo y Suspensión Laboral; y Garantías de acceso pleno al Seguro Familiar de Salud para personas pensionadas.
Mientras que las instituciones como el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (IRCARP), Junta de Vecinos Los Uno, Los Salesianos, Junta de Vecinos del Ensanche Luperón, Movimiento por las pensiones de los servidores públicos (MOPESEP), Movimiento Municipal por los Derechos del Municipio de la Caleta, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas (MCCU), Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), Red Urbano Popular (RUP), Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente (RESAFROS) y Red de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (ReoCofe); concluyen en su llamado a que no existan restricciones para las personas pensionadas y la ciudadanía en general.
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