También les recordó que si bien es cierto que hasta tanto no termine el periodo para el que fueron electos, decisiones tan complejas, deben ponderarse, por lo que representa en términos económicos, levantando sospecha de que se procura beneficiar a alguien, sobre todo cuando hay un cambio de alcaldes y regidores.
"Es preocupante que durante ese periodo se aprueben proyectos que no fueron aprobados anteriormente, como el caso de Higüey, en donde se convocó una sesión de urgencia, para conocer la aprobación de 12 estaciones de combustibles, gasolina y Gas Licuado de Petróleo, GLP a un solo empresario del sector,", dijo la entidad.
“porque ahora al concluir una gestión , porque no se hizo antes, justo cuando varios ediles que procuraban reelegirse no lo lograron y saldrán del Concejo de Regidores”, manifestó Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad", expresó.
Agregó que las mismas acciones se están llevando a cabo en las alcaldías de La Romana, en donde se han producido denuncias de aprobaciones irregulares de uso de suelo y para la instalación de estaciones de expendio de combustibles, compras y pagos de deudas sin soporte, con el común denominador, de que tanto alcalde y concejales no pudieron repetir en sus puestos y que cesaran en sus funciones el 24 de abril, cuando tomen posesión las nuevas autoridades edilicias.
Indicó que la alcaldía de San Cristóbal, que se ha caracterizado por no rendir cuentas, denuncian munícipes y comunicadores, que han aprobados durante la transición, la instalación de estaciones de combustibles, así como proyectos para la construcción de edificios, sin observar las recomendaciones de Planeamiento Urbano.
En Azua, al igual que en San Cristóbal, dijo que el hecho de que el saliente alcalde no se presentó, se venían produciendo situaciones alarmantes en el manejo de los fondos que maneja la alcaldía, sobre todo con las asignaciones extraordinarias provenientes de la Liga Municipal Dominicana, donde también se han otorgado permisos para la operación de establecimientos de expendio de combustibles y sus derivados, junto a permisos de uso de suelo para proyectos, de lo que se ha negado a entregar informaciones solicitadas por ADOCCO, mediante la Ley 200-04.
También el ayuntamiento de San Juan de la Maguana, entró al festival de las aprobaciones subrepticias de estaciones de combustibles y permisos de uso de suelo, acompañado de pagos de deudas sin soportes, pensiones a favor de personas sin reunir los requisitos de ley, así como el uso de recursos de la alcaldía, en la campaña de la saliente alcaldesa que procuraba la reelección, que al igual que las alcaldías de San Cristóbal y Azua, han negado la entrega de los detalles de la ejecución presupuestarias, solicitadas en varias ocasiones a través del SAIP, por lo que serán llevados a la justicia.
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