Desde las 9:00 de la mañana de este martes el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso de corrupción evidenciado por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la operación Calamar.
La jueza Kenya Romero decidirá hoy si acoge el pedido del Ministerio Público, de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, en contra de más de 20 personas que habrían participado en una estafa contra el Estado, de más de 19 mil millones de pesos.
Como principales encartados el Ministerio Público señala a los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerreo, y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
También se dictará medida de coerción al abogado Ángel Lockward, así como el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados desde hace ya 10 días Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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